La aprobación ayer de la Ley de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana ha sentado como un tiro en el PP y en la Diputación Provincial de Alicante. La normativa pretende que los distintos municipios se agrupen en organismos comarcales con el fin de prestarse servicios y de poder percibir con prioridad subvenciones de la Diputación, según recoge el texto. Desde el PP, el diputado autonómico benidormí Manuel Pérez Fenoll, defendió en las Cortes el «despropósito» y el «pésimo proyecto que supone esta ley», aprobada con los votos del PSPV -promotor de la normativa-, Compromís y los no adscritos, y que contó con el rechazo del PP y de Cs. «Lo que quieren es cargarse las provincias», indicó Pérez Fenoll, una manifestación a la que se ha sumó el presidente del PP en Alicante, José Císcar.
La nueva normativa pretende fomentar y regular el desarrollo de estas entidades e introduce como nueva figura la mancomunidad de ámbito comarcal. De esta forma, los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes podrán constituirse en mancomunidades de ámbito comarcal y configurarse así como entidades locales. Se trata de dar peso a la organización supramunicipal y permitir su funcionamiento como entidad local, al igual que lo es un solo ayuntamiento. Pero también permite gestionar recursos. Un ejemplo en la provincia es la Mancomunidad de L'Alacantí, que gestiona el control de plagas entre los ayuntamientos adheridos o tratamientos de gestión de agua.
El cerco por distintas vías
Es la primera normativa con luz verde del Consell que ha hecho daño real a las instituciones provinciales, que ya preparan el contraataque -en el caso de la de Alicante y Castellón, en manos del PP- al verse cercadas en la recta final del mandato. Porque las tres patas del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) han buscado distintas iniciativas para atacar a las diputaciones. Mientras el PSPV puso en la mesa la Ley de Mancomunidades, Compromís preparó una nueva organización territorial con la Ley de Comarcas -que tuvo que paralizar porque los socialistas no la ven clara- y anunciaron recientemente que llevarán al Congreso una propuesta para cambiar la Ley de Bases que regula a las entidades locales para que cada ayuntamiento decida si quiere o no depender de la Diputación. Es desde luego un contrapeso político. Por su parte Podemos explora la vía de una ley autonómica que vacíe y controle a las diputaciones a través de los criterios de reparto de sus fondos.
Las mancomunidades, interlocutores a partir de ahora con el Consell, podrán atribuirse la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal -es decir, absorber funciones que presta la Diputación- representando los intereses de la población y territorio. Además, podrán presentarse a las subvenciones de los planes de obras de la Diputación con carácter prioritario, lo que el PP criticó ayer duramente al considerar que creará municipios de primera y los de segunda (los no adheridos). También se establecen nuevas fórmulas de coordinación de funciones municipales por las mancomunidades como son la prestación conjunta de servicios, licitación de contratos y personal conjunto. Durante el debate parlamentario, el parlamentario de Cs, Toni Subiela, señaló que no están en contra de las mancomunidades que «vertebran y garantizan la prestación de servicios en municipios pequeños», pero sí contra esta norma al entender que su objetivo es «crear chiringuitos comarcales con fines partidistas». «Es imponer un modelo territorial», añadió.
Desde Podem, Antonio Montiel destacó que su formación ha perseguido lograr mancomunidades «robustas para garantizar y asegurar recursos», aunque echó de menos, dijo, «un debate social y político sobre el modelo territorial e institucional» que achacó a unas «largas» del PSPV a hacerlo. Desde Compromís, el diputado Paco García dijo que la norma supone «un gran avance en el municipalismo valenciano» y que ir en contra es oponerse a su avance. Por su parte, Alfred Boix defendió que el PSPV cree que se da el primer paso para reforzar «la arquitectura institucional valenciana dotándola mayor eficacia y eficiencia» y que esta norma será «útil» porque «consolida el papel motor de los ayuntamientos y consigue mayor suficiencia financiera para los municipios».
