El montante facturado por el empresario Enrique Ortiz a la Diputación de Alicante por prestar el servicio de limpieza de los edificios públicos adscritos a la institución alicantina -el Palacio Provincial, el museo MARQ, el auditorio provincial ADDA y el Instituto Pedro Herrero- pese a haber expirado su contrato hace año y medio alcanzará, como mínimo, los 5,7 millones de euros. El área de Contratación que dirige Alejandro Morant calcula que podría haber nueva adjudicataria en enero. Así que si todo va rápido y si FCC no recurre como empresa afectada la decisión del Tribunal Admnistrativo Central de licitar de nuevo la contrata de la limpieza de los edificios públicos de la Diputación, Ortiz llegará a febrero tras percibir más de cinco millones y medio de euros al margen de su contrato.
El bloqueo de la nueva contrata y la orden del citado tribunal de anularla por falta de claridad en los criterios de adjudicación ha impedido a FCC -socia de Ortiz junto a Ferrovial en la UTE que presta el servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante- poder hacer trabajo alguno en la Diputación pese a ser la adjudicataria del contrato.
Se trata de un caso único en la institución que dirige César Sánchez. Porque ha habido contratos que se han enquistado un tiempo. Un ejemplo fue el de la teleasistencia a mayores, que dejó de prestarlo Cruz Roja para adjudicárselo a la mercantil Atienza. Pero con la contrata de la limpieza se batirán todos los records, ya que la Diputación alcanzará, como mínimo, los dos años para su licitación. El recorrido endiablado que ha llevado esta contrata empezó con una guerra técnica por la puntuación en la maquinaria de las firmas aspirantes. Aunque la de Ortiz fue la oferta más económica, ganaba finalmente FCC por las máquinas.
El presidente de la mesa de contratación, jefe a su vez del área de Contratación, se enfrentó por criterios técnicos al resto de miembros de la mesa, que defendían que la mejor oferta era la de FCC, firma a la que finalmente se le adjudicó el contrato tras no pocos dolores de cabeza para el diputado de Contratación, Alejandro Morant, que nunca quiso plasmar su firma junto a las decisiones tomadas por los técnicos, alegando que es un procedimiento que responde a una cuestión técnica y no política. Hasta en la comisión de Hacienda previa al pleno de adjudicación hubo lío, hasta el punto de dejarse sobre la mesa tras solicitarse la mediación de los servicios jurídicos.
Tensiones entre los técnicos
Casi un año estuvieron los técnicos dirimiendo si Ortiz o FCC. Una vez aprobada en pleno la adjudicación a FCC el pasado mayo, la firma Clece, que optaba al concurso, recurrió la resolución de la Diputación ante el Tribunal Administrativo Central, órgano perteneciente a Hacienda anterior a la judicialización de los recursos. Este tribunal decició en julio que la Diputación tenía que anular la contrata para aclarar algunos criterios de adjudicación y la Diputación no ha recurrido. El miércoles el pleno aprobó con los votos de PP y el diputado no adscrito pagarle otros 600.000 euros a Ortiz por dos meses de trabajo. Si la Diputación vuelve a redactar los pliegos el proceso podría estirarse hasta Semana Santa y llegar al mes de abril. Para entonces Ortiz habría facturado a la Diputación casi siete millones de euros fura de contrato.
