La millonaria contrata de la limpieza en la Diputación de Alicante sigue siendo un quebradero de cabeza para la institución provincial. El área de Hacienda y Contratación que dirige el diputado Alejandro Morant se ha visto obligada a sacar otra vez a concurso la polémica adjudicación pública de los servicios de limpieza que prestaba Enrique Ortiz -y que a día de hoy sigue prestando- y que se adjudicó en mayo a la mercantil FCC. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado la contrata en la Diputación y ha pedido al área de Morant más claridad en cuanto a los criterios que valoran la maquinaria a emplear por cada aspirante a hacerse con el servicio, ya que los actuales dan lugar a diversas interpretaciones por parte de los técnicos.

El Tribunal Administrativo Central -organismo perteneciente al Ministerio de Hacienda que regula los recursos contra resoluciones del sector público por la vía administrativa- dio un tirón de orejas a la Diputación este verano tras la reclamación que hizo una de las empresas aspirantes, la UTE Clece-Fissa, y obligó a la institución a empezar de cero con el proceso de la contrata de la limpieza, adjudicada a FCC tras varios años llevándola Ortiz. Fuentes de la Diputación dan por hecho que a principios de 2019 se tendrá una nueva adjudicataria, ya que no recurrirán esta resolución del Tribunal Administrativo Central, que cierra la vía a la reclamación administrativa previa a la judicialización de los recursos. El nuevo servicio saldrá a licitación por algo más de ocho millones de euros por dos año de servicio. El contrato principal será de seis meses, prorrogable hasta dos años como máximo, según explicaron las citadas fuentes de la corporación.

Uno de los beneficiados de todo este proceso sigue siendo el empresario Enrique Ortiz, que ha facturado ya 4,5 millones desde que se licitó el nuevo contrato hace un año y medio. En todo este tiempo, Ortiz, que en teoría estaba fuera del Palacio Provincial al decidir la mesa de contratación, tras numerosas discrepancias técnicas, adjudicar la contrata a la firma FCC, sigue facturando a la Diputación Provincial alrededor de 290.000 euros al mes por la limpieza de los edificios públicos adscritos a la institución alicantina.

El protagonista de uno de los casos de corrupción de más peso en la provincia de Alicante -las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, otorgado a Ortiz tras los supuestos «amaños» previos entre el promotor y el entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll- sigue siendo uno de los empresarios clásicos ligados a la gestión de la Diputación, en la que sigue manteniendo una de sus grandes contratatas públicas. Tanto Ortiz como Ripoll están acusados por esta rama judicial del conocido Caso Brugal y el fiscal les pide 16 y 17 años de cárcel respectivamente.

Alejandro Morant, ha convocado para mañana miércoles la comisión de Hacienda con carácter urgente para llevar a cabo una modificación de crédito presupuestario y pagar a Enrique Ortiz por el servicio de limpieza de los últimos dos meses. El único punto del orden del día consiste es esta modificación de crédito por valor de 600.000 euros, ya que el contrato, a día de hoy, sigue estando en manos del polémico empresario.