No es la primera vez en lo que va de legislatura que existen roces entre los socios de Gobierno. El Botànic ha resistido con relativa paz durante tres años, pero los dos últimos enfrentamientos vividos este miércoles evidencian que la convivencia entre Compromís y PSPV se agota a marchas forzadas. La escalada de tensión a cuenta de los objetivos de déficit y las competencias sobre violencia de género, tuvo ayer tal intensidad que algunas voces ven en esta crisis un terreno abonado al anticipo electoral.

Tal como en su día publicó este diario, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha sondeado a varios de sus colaboradores sobre la idoneidad de un anticipo electoral. El jefe del Consell dijo públicamente antes de las vacaciones que esta opción estaba encima de la mesa, pero que en principio la descartaba por no ver motivos políticos para no agotar la legislatura.

Puig mantuvo, en una comparecencia conjunta con Mónica Oltra, que no se daban las circunstancias políticas para hacer uso de esa prerrogativa. Ahora bien, un mes después las fricciones crecientes (y públicas, que se realizan abiertamente) entre los socios podrían acabar siendo motivo de peso si, al final, la inestabilidad acaba por distorsionar la acción de gobierno.

El tiempo del disimulo ha pasado

La reacción airada de Mónica Oltra el pasado miércoles contra la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por acordar con el Gobierno sin consultarle la implantación de una comisaría sobre violencia de género ha evidenciado que el tiempo del disimulo ha pasado y que las relaciones entre algunos consellers están lejos de la imagen idílica que se proyecta en los seminarios del Consell. El asunto, con ser grave, podría pasarse por alto, pero no ocurre lo mismo con la discrepancia abierta respecto al respaldo a los objetivos de déficit.

Compromís no considera suficiente los gestos de Sánchez al Consell y cree que se ha perdido la oportunidad de jugar fuerte y apretar al Gobierno para que apruebe un nuevo modelo de financiación. Están dispuestos a votar que no en el Congreso y ayer dejaron claro que, a partir de ahora, seguirán blandiendo por su cuenta la bandera de la financiación.

El PSPV, por su parte, defiende que el acuerdo alcanzado con Sánchez es histórico y que por primera vez se tiene en cuenta a la Comunitat Valenciana. No renuncian, indican, al nuevo modelo y no entienden como Compromís puede votar no a más gasto y menos deuda.

Algunos cargos socialistas admiten que algo cambiado en estos meses y que el tiento con el que antes el Palau miraba lo asuntos para no molestar a su socio de Gobierno se ha esfumado.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, informó el miércoles a Oltra del posible cambio de voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero le confirmó el sí solo después de haber apretado el botón. El departamento de Justicia, por su parte, tampoco comunicó a Igualdad el acuerdo alcanzado con Interior sobre la comisaría de violencia de género. La propia Mónica Oltra admitió ayer que estaba molesta por que el president de la Generalitat ni Bravo la habían llamado. A lo largo del día, Oltra bajó el tono al indicar que se reuniría con ella en septiembre, pero sus tuits han causado indignación en las filas socialistas. La sensación en algunos sectores de Compromís es que existe una «provocación» para que rompan el pacto y convocar elecciones, un escenario que la coalición no desea. Aunque no creen que haya ruptura en el Consell admiten que el momento es delicado y que existe una sensación de deslealtad.

En este clima enrarecido, el Consell afronta el reto de diseñar unos presupuestos, los últimos, donde es de prever que la pelea entre conselleries sea más dura.