El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona busca en la Diputación de Alicante y en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig algún rastro de la presunta trama por la contratación del sistema informático para el control del tráfico de las policías locales y ha requerido documentación a ambas instituciones. La primera mantiene actualmente pendiente de adjudicación un contrato para instalar el servicio en varios ayuntamientos de la provincia mientras que en el municipio de la comarca de l'Alacantí el Consistorio ya suscribió esa contrata en junio de 2017. La principal empresa investigada en el presunto amaño de los contratos es Aplicaciones Gespol S.L., una mercantil integrada en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales. Gespol opta a un contrato de un millón de euros en la Diputación de Alicante. El contrato está en este momento sin adjudicar, solo ha pasado por Junta de Gobierno y figura en la fase de valoración de ofertas. Entre las dos propuestas presentadas, una de ellas es la de esta firma, según pudo confirmar ayer este diario.
En el marco de esta investigación, la Policía se personó ayer el el Palacio Provincial para reclamar información a petición del juzgado que instruye el caso sobre la contratación de la institución con una docena de empresas, entre ellas la investigada. Los servicios de Contratación elaboraron ayer mismo el informe en el que se negaba que cualquiera de estas firmas hubiera contratado anteriormente con la Diputación ni directamente ni a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), según fuentes consultadas de la institución provincial. La Diputación de Alicante, sin competencias en materia de tráfico y gestión policial, licitó en abril tras aprobarse en Junta de Gobierno la contratación del suministro e implantación de un sistema de gestión policial para los ayuntamientos de la provincia, un software que permite coordinar a las policías locales en materia de regulación del tráfico o multas. El área responsable de la adjudicación, según consta en la licitación, es Presidencia de la Diputación de Alicante.
El contrato se licitó por un millón de euros al que habría que sumarle el IVA por dos años de duración. Fuentes de la Diputación de Alicante apuntan que fue una petición que se hizo en varias reuniones con asociaciones de policías locales y sindicatos de este sector. El vicepresidente primero de la institución, Eduardo Dolón, quisó destacar ayer que no hay ningún contrato con la empresa que aparece en la investigación y sobre la que se ha solicitado información a la administración provincial. «Se trata simplemente de un requerimiento de información y no de registro alguno ni de ninguna otra medida judicial excepcional», explicó Dolón.
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, por su parte, emitió un comunicado para informar de que la Policía Nacional acudió por la mañana al consistorio requirió información que se recopiló a lo largo de la jornada para entregarla ayer mismo a la policía. El alcalde Jesús Villar se mostró «tranquilo y confiado de que desde el Ayuntamiento todo se ha hecho de forma clara» y no cree que tenga una repercusión negativa. Desde Alcaldía se remitieron al secreto de sumario decretado para no referirse a la documentación solicitada. Desde el perfil del contratante del Consistorio se refleja que San Vicente del Raspeig mantiene un contrato desde junio de 2017 con la empresa Aplicaciones Gespol SL que asciende a 9.560 euros durante dos años para el servicio de mantenimiento de aplicación corporativa de gestión de Policía Local. La adjudicación se realizó por un procedimiento negociado sin publicidad. Fuentes municipales explicaron que se trata de un servicio de actualización muy demandado por los policías.
Fiscalía Anticorrupción
Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ordenó la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales. Esta empresa, según los datos de la Fiscalía Anticorrupción, «habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local».
La investigación, en la que participaron ayer 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos. En la macrooperación policial, llamada «Operación Enredadera», resultaron detenidas 35 personas. Las detenciones afectaron a autoridades y funcionarios de casi una treintena de municipios. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Cs. También se requirió información a una veintena de municipios, además de a la Diputación y San Vicente.
