La principal empresa investigada por la presunta trama en la contratación de servicios para el control del tráfico de las policías locales, la firma Gespol S.L., opta a un contrato de un millón de euros en la Diputación de Alicante. El contrato está en este momento sin adjudicar y se encuentra en fase de valoración de ofertas. Entre las dos ofertas presentadas, una de ellas es Gespol.
La Policía se ha personado esta mañana en la institución alicantina para reclamar información sobre la contratación de la institución con una docena de firmas, entre ellas la investigada. Pero ninguna de las mercantiles sobre las que pide información el juzgado que dirige la instrucción -el juzgado de Instrucción número 2 de Badalona- ha trabajado previamente con la Diputación, según ha podido saber este diario a través de fuentes consultadas del Palacio Provincial.
La Policía también ha requerido a petición del juzgado documentación al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
La Diputación de Alicante, sin competencias en materia de tráfico y gestión policial, licitó en abril tras aprobarse en junta de gobierno la contratación del suministro e implantación de un sistema de gestión policial para los ayuntamientos de la provincia, un software que permite coordinar a las policías locales de la provincia en materia de regulación del tráfico o multas.
El contrato se licitó por un millón de euros con el IVA a partir y por dos años de duración. Fuentes de la Diputación de Alicante consultadas por este diario apuntan que fue una petición que se hizo en varias reuniones con asociaciones de policías locales y sindicatos.
Operación en toda España
La macrooperación policial que tiene lugar este martes en varias provincias por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico afecta también a los ayuntamientos de San Vicente del Raspeig, Gandia y El Puig, en Valencia. El consistorio de San Vicente ha informado en un comunicado que agentes del Cuerpo Nacional
de Policía "se han personado hoy en dependencias municipales con un requerimiento judicial de información". El Consistorio, según la nota de prensa, "ya está preparando la documentación requerida con absoluta transparencia" y ha asegurado que "la colaboración con la Justicia está siendo total".
Según informa la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol, S.L. (integrada actualmente en el grupo Valoriza servicios medioambientales).
Esta habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
En concreto, ese juzgado de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.
Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandia, Logroño, O'Grove, San Vicente del Raspeig y Vitoria.
El dispositivo, en el que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF y "se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal".
Según la Fiscalía, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
