Se atisba un nuevo frente de batalla entre la Generalitat y la Diputación de Alicante. El enésimo. El Consell de izquierdas aprobó ayer en su sesión plenaria un anteproyecto de ley que potencia las comarcas en la Comunidad Valenciana y, en la práctica, restará más poder a las instituciones provinciales. En concreto, el Ejecutivo de Ximo Puig pretende impulsar la unión de municipios a través de mancomunidades con el objetivo de ahorrar costes en la prestación de servicios y en la ejecución de obras. «Queremos que las mancomunidades se conviertan en un interlocutor de la Generalitat para conocer los problemas de los municipios», resumió ayer el director general de Administración Local del Consell, Antoni Such, a preguntas de este diario.

Esta entente de localidades minará, por tanto, parte del poder que tienen las diputaciones. Pero es que, además, el articulado de la ley guiará a las instituciones provinciales a la hora de acometer inversiones en los planes provinciales de obras y servicios. Es decir, en el principal apartado inversor de las corporaciones. Así lo explicitó ayer la propia Generalitat. «Las inversiones propuestas por las mancomunidades que supongan ejecución de obras y servicios en beneficio de varios municipios tendrán carácter prioritario en los planes provinciales de obras y servicios, así como dentro de los programas y planes de inversiones de los distintos departamentos de la Generalitat», consta en la nota de prensa que el Consell remitió a los medios. Toni Such, por su lado, disipó cualquier atisbo de duda. «Sí, así se plasmará en la ley», sentenció.

La implicación de las diputaciones con las mancomunidades irá más allá. ¿Por qué? Porque les tendrán que dar participación en aquellas actuaciones que se vayan a desarrollar en su comarca. De esta forma, el Consell podría poner fin al reparto arbitrario de inversiones para los municipios alicantinos. Hasta ahora, el equipo de gobierno de la Diputación decidía de manera prácticamente unilateral (en este mandato se han visto obligados a negociar con el tránsfuga Fernando Sepulcre) a dónde se destinaban sus ayudas para obras y servicios. Los planes de los últimos años, con todo, se pactaban con la bancada socialista para repartirse el pastel entre ambos. Pero este ejercicio, con la entrada de Compromís y EUPV, se acabó. Tocará negociar... o contar de nuevo con Sepulcre.

El anteproyecto de ley de Mancomunidades también dotará a esta figura de poderes de actuación. «Este anteproyecto de ley regula la relación de las mancomunidades con el resto de administraciones públicas. Así, las mancomunidades podrán celebrar convenios de cooperación o asumir funciones en coordinación con otras administraciones públicas, orientadas exclusivamente a la realización de obras y la prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los servicios previstos en la legislación de régimen local vigente», señalan desde la Generalitat.

Además, tanto el Consell como las tres diputaciones deberán prestar «especial asesoramiento» a las mancomunidades de ámbito comarcal y a aquellas «ya existentes que no tengan tal carácter». Las mancomunidades, por ende, podrán ser de dos tipos: de ámbito comarcal o de servicios ordinarias, que eran las que hasta ahora existían. La Generalitat pretende otorgar a esas mancomunidades de ámbito comarcal un papel clave en la vertebración territorial, lo que en la práctica pone sobre la mesa una ley de comarcalización encubierta.