La renovación del Pacte del Botànic supondrá, de consumarse los planes del Consell que comparten los socialistas y Compromís con Podemos como socio parlamentario, el vaciado casi total de las competencias de la Diputación. El documento con las doscientas nuevas medidas para impulsar la gestión de la izquierda en la Generalitat en la segunda mitad de la legislatura -rubricado ayer por Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel- incluye la promesa de aprobar un nuevo decreto para tomar el control de la joya de la corona de los presupuestos de las instituciones provinciales: las inversiones en carreteras y los planes de infraestructuras. Una decisión que, con toda seguridad, abrirá un nuevo frente entre la corporación provincial alicantina, la principal institución bajo mando del PP junto a la de Castellón, y el Consell. Unas relaciones que a día de hoy están marcadas por la tensión y que ya se encuentran muy deterioradas por el «no» de la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación Municipal.

Ese decreto para supervisar el reparto de las inversiones provinciales supondría la culminación del proceso de aplicación de la Ley de Coordinación. Una normativa del año 1983, avalada en su día por el TSJ y que nunca se llegó a desplegar ni durante la etapa del socialista Joan Lerma ni después por los sucesivos gobiernos del PP que, en cualquier caso, tampoco la derogaron durante sus veinte años en el Palau. Desde la llegada al poder hace año y medio del gobierno que lideran el tándem formado por Ximo Puig y Mónica Oltra, el Consell sacó del cajón esa norma bajo el impulso directo de Presidencia de la Generalitat y de la dirección general que ocupa Antoni Such para atar en corto a las diputaciones, erigidas como contrapoder político al Consell.

Desde entonces, el Ejecutivo autonómico ha aprobado dos decretos para controlar la política turística y los eventos deportivos. Posteriormente, la Generalitat incluyó a las diputaciones dentro del proyecto XarxaLlibres para garantizar la gratuidad de los libros de texto. Hace dos meses, el Consell anunció la puesta en marcha del citado Fondo de Cooperación Municipal para inyectar 80 millones en las arcas de los consistorios locales de la Comunidad, partida a la que la Diputación de Alicante debía realizar una aportación de 13,7 millones que, de momento, se ha negado a abonar. En menos de un mes, el presidente de la Diputación, César Sánchez, tendrá encima de la mesa además el borrador de un nuevo decreto, en este caso impulsado por la vicepresidenta Mónica Oltra, para repartir los papeles de la política de su departamento: el Consell quiere que la corporación provincial asuma y financie las necesidades sociales de los municipios de menos de 10.000 habitantes. El titular de la institución provincial ya ha pospuesto hasta en dos ocasiones la reunión con la número dos de la Generalitat.

El documento de renovación del Pacte del Botànic supondrá, más allá de todo eso, una nueva vuelta de tuerca a esa complicada relación institucional y, sin duda, de una nueva lucha a brazo partido entre la Diputación y la Generalitat. El acuerdo, en su punto 159, recoge textualmente: «Adopción de medidas efectivas de coordinación entre las políticas autonómicas y las de las tres diputaciones provinciales en materia de carreteras y otras infraestructuras». Los planes para las vías provinciales y los programas de inversión municipal son los más importantes de cuantos gestiona la corporación provincial. Su reparto casi siempre ha estado marcado por la polémica y las denuncias de arbitrariedad en la distribución de esas ayudas. Las infraestructuras locales son la principal competencia de la Diputación y un decreto de esas características supondría entrar de lleno en la sala de mando de la gestión provincial. Nuevo conflicto a la vista.

Los socios del Pacte del Botànic, en cualquier caso, pusieron el foco en las medidas económicas de la nueva versión del acuerdo que supuso la vuelta de la izquierda al Palau de la Generalitat después de dos décadas de gobiernos del PP. El grueso de las recetas que el ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra quieren aplicar de cara a la segunda mitad de la legislatura se corresponden con iniciativas para estimular la actividad económica, el cambio del modelo productivo y la creación de empleo. Nada menos que 89 de las 201 medidas del acuerdo van en esa dirección: plan de industrialización, economía ecológica, recuperación de zonas rurales, pacto autonómico por el empleo... El documento, además, tiene un apartado extra: quince reivindicaciones, fundamentalmente, en materia de financiación e infraestructuras del Consell al nuevo gobierno del PP en la Moncloa para marcar posiciones en Madrid.