Nuevo frente de batalla en el horizonte entre la Generalitat y la Diputación de Alicante. El Consell le reclama a la institución provincial una aportación de 13,7 millones de euros -un 5% de todo su presupuesto- para hacer frente a su parte del nuevo Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 40 millones en las cuentas de la Generalitat y al que las tres diputaciones tendrán que aportar una cantidad similar de acuerdo con su volumen de población. El primer contacto entre ambas instituciones, un discreto encuentro celebrado a finales de la semana pasada, se ha saldado sin acuerdo. El Ejecutivo autonómico que comparten los socialistas y Compromís, con el visto bueno ya de la Diputación de Valencia, quiere que todas las localidades de la Comunidad reciban el mismo dinero mientras que, por contra, la Diputación no se cierra a negociar pero pide a cambio una nueva ley de financiación municipal y que la Generalitat se haga cargo de forma definitiva del Hogar Provincial, el Centro Doctor Esquerdo y el servicio de teleasistencia domiciliaria.
La dotación de un Fondo de Cooperación Local fue un acuerdo que se tomó en la asamblea que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias celebró en 1999 en Castellón con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat. Los sucesivos gobiernos autonómicos del PP, sin embargo, nunca cumplieron con aquella promesa. En su segundo presupuesto, el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra se ha decidido a reflejarlo en las cuentas. Ochenta millones, cuarenta de la Generalitat en el presupuesto y el resto a cargo de las diputaciones. A la de Alicante le corresponden 13,7 millones, a la de Valencia -gobernada por el PSPV y Compromís- un pago de 20,5 millones y a Castellón -bajo mando del PP- un total de 5,7. El reparto se realizará entre todos los municipios de la Comunidad en función de sus habitantes y como compensación a labores que desarrollan habitualmente los trabajadores de cada localidad pero que, en realidad, corresponden a la autonomía.
El pasado jueves, en un encuentro discreto celebrado en Alicante, Antoni Such, director general de la Administración Local y dependiente directamente de Presidencia de la Generalitat, mantuvo una primera reunión con el titular de la Diputación de Alicante, César Sánchez. El Consell ya tiene definida su hoja de ruta. La institución alicantina debe aportar los mencionados 13,7 millones. La parte provincial no aparece en los presupuestos autonómicos de 2017 -entregado el pasado viernes por el conseller Vicent Soler en las Cortes- para facilitar una vía de negociación. Pero la Diputación sabe que tiene poco margen de movimiento. La Generalitat tiene el visto bueno de Valencia y cuenta con convencer a Castellón. De negarse César Sánchez, los municipios de Alicante recibirían menos dinero que los de las otras dos provincias, algo de lo que el Consell, obviamente, responsabilizaría a la Diputación. Y, en último extremo, el Gobierno valenciano siempre puede recurrir a emitir un decreto de acuerdo a la Ley de Coordinación, como ya hizo en su día con la gestión de la política de Turismo y Deportes.
Durante esa cita, el presidente César Sánchez, confirmaron fuentes provinciales, no se cerró a pactar el Fondo de Cooperación Municipal. Pero el dirigente del PP pidió que se mantenga una vía de diálogo y que en ningún caso se produzca una imposición. César Sánchez reclamó al Consell que regule el reparto de fondos a la administración local con una ley de financiación equitativa de los ayuntamientos y que, al menos, se haga cargo de forma definitiva del Hogar Provincial, el Psiquiátrico Doctor Esquerdo y la teleasistencia domiliciaria, servicios que presta la Diputación con un coste anual de unos 25 millones y que en realidad son competencia de la conselleria de Bienestar Social. Desde la institución provincial advierten que atender la reclamación de la Generalitat para el Fondo de Cooperación Municipal «vaciaría» de financiación en más de un 80% el plan de obras y servicios, principal programa inversor de la Diputación. Otro lío a la vista.
