Una desavenencia tras otra. El Consell de Ximo Puig (PSPV) y la Diputación de César Sánchez (PP) mantienen desde hace meses una guerra abierta en la que, por ahora, no cabe ni una tregua. El último capítulo se está viviendo durante los últimos días con los polémicos decretos que quiere aprobar el Ejecutivo autonómico que, en la práctica, supondrían intervenir los presupuestos de la institución provincial en materia turística y deportiva. Dos son las versiones. La Generalitat alega que contribuirán a unificar esfuerzos y coordinar acciones, mientras que desde la avenida de la Estación alertan de que sólo servirán para acabar con la provincia y con la marca Costa Blancamarca Costa Blanca.
El cruce de acusaciones no se ha hecho esperar. El sábado de la pasada semana los populares citaron a sus primeros espadas de la provincia y convirtieron el acto en una exhibición de unidad ante la «intromisión» del Consell. «No lo vamos a consentir», proclamó el presidente de la Diputación, a la vez que anunció medidas legales si la Generalitat procedía a la incautación de fondos.
Desde Valencia, por su parte, han tratado de sofocar el fuego aplazando la aprobación de los decretos. Ahora apelan al diálogo aunque, según señalan desde el Ejecutivo, terminarán saliendo adelante. Previsiblemente, el próximo viernes.
Este ha sido, por ahora, el último enfrentamiento entre Puig y Sánchez. Pero, ¿cuándo se produjo el primero? No tardó demasiado en llegar. El 24-M se certificó el derrumbe del PP y los populares perdieron el Palau 20 años después. Además cedieron multitud de alcaldías, la Diputación de Valencia y perdieron la mayoría absoluta en la institución provincial de Alicante. Un pacto con Ciudadanos (C's), no obstante, garantizó en julio la «estabilidad» de gobierno. Pues bien, días después de que Sánchez fuera elegido presidente y convirtiera así la institución en el principal bastión del PP en la Comunidad, llegó la primera declaración de intenciones. Los populares autoproclamaron la Diputación como el «gobierno provincial» y lanzaron un serio aviso a Valencia. Iban a plantar cara al Consell. Esas dos palabras ya hacían prever que las relaciones entre ambas administraciones no iban a ser todo lo prolíficas que se esperaba. Así fue. Muy pronto se pudo comprobar.
El telón de fondo fueron los «sueldazos» que se aprobaron en la avenida de la Estación. Tal y como contó este diario, hasta 19 diputados provinciales de todos los grupos se asignaron unas retribuciones superiores a las del jefe del Consell, Ximo Puig. El tope lo marcó Sánchez, con unos emolumentos de 90.000 euros brutos anuales. Días después, y ante el revuelo que se generó, la Generalitat anunció una reforma legislativa para que ningún cargo público de la Comunidad pudiese ingresar más de 67.615 euros al año. Justo, lo que gana Puig. «Políticamente me parece impresentable que los diputados provinciales cobren más que el presidente de la Generalitat», sentenció por aquel entonces el director general de Administración Local de la Generalitat, Antoni Such. Ese cambio normativo, sin embargo, quedó en stand by. El Consell no llegó a revisar la Ley de Coordinación de las Diputaciones, aprobada en 1983, aunque la institución provincial sí que anunció que rebajaría los sueldos. Así fue. Acordó una disminución global cercana al millón de euros, plasmada en un tijeretazo del 10% para el presidente, de un 5% para los vicepresidentes y portavoces, y de un 3% para el resto de diputados y asesores.
Casi a la vez que la polémica de los sueldos subía de tono llegó el segundo enfrentamiento entre ambas administraciones. Esta vez, por el Puerto. Una de las primeras medidas que anunció el autodenominado «gobierno provincial» fue impulsar una zona franca con bonificaciones fiscales en el entorno de la Autoridad Portuaria de Alicante con el objetivo de captar empresas y reactivar la actividad económica. ¿Y qué se encontró la Diputación? Primero, no recibió un apoyo explícito desde Valencia. Y segundo, se topó con que el Consell la excluyó del Consejo de Administración del Puerto. César Sánchez reclamó una «rectificación inmediata» y acusó a Puig y su vicepresidenta, Mónica Oltra, de «dar la espalda» a los intereses de la provincia. Finalmente la Generalitat reculó y sí incluyó a Sánchez en el consejo. Esta semana, no obstante, el titular de la institución no acudió a la cita que celebró la entidad presidida por Juan Antonio Gisbert.
Otro de los focos de conflicto ha sido la «Xarxa Llibres». Si una de las primeras medidas de calibre de la Diputación fue promocionar una zona franca, una de las del Consell fue implementar una ayuda de hasta 200 euros para reducir la carga económica a las familias que compran libros de texto. Ese plan se cofinanciará a partes iguales entre el Ejecutivo, las diputaciones y los ayuntamientos, y contempla el pago de 100 euros a cada unidad familiar cuando aporte la factura del material escolar, y el abono de otros 100 euros al acabar el curso y se entreguen los manuales.
El proyecto, sin embargo, contó en un primer momento con la oposición del equipo de gobierno de las diputaciones de Alicante y Castellón, ambas comandadas por el PP. Las dos emitieron un comunicado conjunto y acusaron a Puig de romper el diálogo con ellas al realizar el anuncio de manera unilateral y sin contar con su visto bueno. «Quieren gobernar con el presupuesto de las diputaciones», zanjaron.
En el Palacio Provincial de Alicante, sin embargo, terminaron cediendo. La corporación habilitó una partida en sus Presupuestos de 2016 para cubrir ese gasto... aunque no se hizo la foto en Valencia cuando se firmó el convenio. A diferencia de lo que ocurrió con la diputación valenciana y con la de Castellón, el acuerdo se remitió al Palacio Provincial de Alicante y desde allí se devolvió firmado. Fue una muestra más de los desencuentros con el Consell.
