Los presupuestos de la Generalitat para el próximo año contemplan una inversión de 24,5 euros por alicantino, mientras que cada valenciano saldrá a 27,5 euros por cabeza. Y todo ello mientras la Diputación de Alicante inyectará 38,5 euros por habitante. Con este ejemplo, ilustrativo de por sí, el presidente de la institución provincial, César Sánchez, no sólo aprovechó para acusar al Gobierno valenciano de discriminar a los alicantinos, sino que reivindicó el papel de las diputaciones, y lo hizo en la conferencia que ofreció ayer por la tarde en el Club INFORMACIÓN. Con un discurso de confrontación permanente con el Consell, y, en particular, contra su presidente, Ximo Puig, pero siempre desde el talante conciliador que caracteriza a César Sánchez, fue desgranando su hoja de ruta para los próximos cuatro años. Hoja de ruta ésta que resumió en cuatro ejes básicos: el impulso de la provincia para que lidere en España; el municipalismo; políticas públicas basadas en la economía, el empleo y la calidad de vida; y la regeneración de la vida pública para volver a conectar con los ciudadanos.
La presentación corrió a cargo del director de INFORMACIÓN, Juan Ramón Gil, quien recordó que César Sánchez es, hoy por hoy, el presidente de una institución puesta en tela de juicio incluso por su socio de Gobierno, por Ciudadanos. De hecho, recordó que en una entrevista publicada el pasado domingo por este periódico, el jefe de la formación naranja, Albert Rivera, reiteró su intención de suprimir las diputaciones. A partir de ahí, recordó que estas instituciones nacieron de las Cortes de Cádiz, que sólo fueron suprimidas en dos ocasiones y las dos con un monarca absolutista -con Fernando VII- y que siempre acabaron siendo restauradas por gobiernos liberales. Sea como sea, incidió en que, mientras se decide qué se hace con las diputaciones, habrá que seguir gestionando.
Con estos puntos de partida, César Sánchez recogió el guante, y, como es lógico, hizo una defensa cerrada de las diputaciones, pero en todo momento en respuesta a Ximo Puig y su pretensión de ir vaciando de contenido a estas instituciones hasta que acaben por desaparecer. Sólo hubo dos referencias puntuales a otros dos políticos que lo intentaron antes, ambos expresidentes de la Generalitat de Cataluña: Jordi Pujol y José Montilla. Respecto a Ciudadanos, partido éste que es el que sostiene al PP en la Diputación de Alicante con su único representante, con Fernando Sepulcre, únicamente hubo una alusión de pasada, sin personificar en nadie. Vino a recordar que los de Rivera plantean en su programa no sólo la eliminación de las diputaciones, sino la fusión de los municipios de menos de 5.000 habitantes.
De entrada, Sánchez defendió que las diputaciones están reconocidas en la Constitución. Lo hizo, además, poniendo el acento en el carácter modélico de la transición, y citando a Manuel Fraga, Felipe González, Santiago Carrillo, Anton Cañellas y, por supuesto, al que al menos en sus discursos se revela como su referente político: a Adolfo Suárez. Fue en 1978, año en el que precisamente nació el presidente de la Diputación, cuando, como resaltó, se inició «la etapa con más progreso político, social y económico de toda nuestra historia». No obstante, admitió que, «hoy, como entonces, muchos pensamos que hay que hacer cambios, que debemos evolucionar». Volvió a recordar entonces al que fuera el primer presidente democrático tras el franquismo: «Porque del mismo modo que Suárez pidió que se elevase en política a categoría de normal lo que ya era normal en la calle, hoy no es posible que la sociedad transite a un ritmo distinto al de sus instituciones».
En cualquier caso, hizo hincapié en que esos cambios no se pueden hacer desde la imposición. «Desde la Diputación, vamos a defender el cumplimiento de la ley, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la unidad de España. Son nuestras reglas de juego», sentenció, tratando de defender así la continuidad de las diputaciones, y, sin decirlo, aludiendo también a la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña sólo unas horas antes. En ese punto bajó un poco más a la arena y subió el tono. «En los últimos tiempos, el oportunismo, el populismo o simplemente el desconocimiento sobre el funcionamiento de la Diputación nos han llevado un debate que más que sobre las diputaciones lo que realmente esconde es si provincias sí o provincias no, es decir, la eliminación de las provincias como estructura territorial del Estado», alertó. «Y, si alguien quiere cambiar las reglas del juego, debe buscar el mismo o más diálogo y consenso del que en su día se alcanzó», apostilló.
La advertencia estaba claro a quién iba dirigida, pero, por si aún quedaba algún tipo de dudas, afinó un poco más: «Creo honestamente que no se puede cambiar el modelo territorial con el Diario Oficial de la Generalitat. Si Ximo Puig quiere eliminar las provincias, como ha dicho, y, para ello, las diputaciones, que dé la cara y afronte el debate», afirmó.
En su defensa de la Diputación frente al Gobierno autonómico planteó una pregunta contundente: «¿Qué sentido tiene quitarle competencias a una Administración que funciona para darle esos servicios a una que no funciona?». César Sánchez, de hecho, tiró de números, sacó pecho la Administración que dirige, e hizo hincapié en que ellos no deben nada a los bancos, mientras que el Consell arrastra una deuda de 40.000 millones. «Es una Administración colapsada», criticó.
El también alcalde de Calpe volvió a remontarse al origen de los tiempos, para poner el foco en que este debate no es nuevo, citando a políticos catalanes y a Puig. Ya lo abrió Jordi Pujol en 1980, aunque el Constitucional acabara tumbando su propuesta un año después; el exjefe de la Generalitat de Cataluña José Montilla volvió a poner encima de la mesa esta cuestión en 2010; y ya en 2013 Ximo Puig hizo lo propio, vino a sostener César Sánchez.
El dirigente popular, así las cosas, lanzó una batería de preguntas al aire en las que planteaba las posibles consecuencias que podría tener la supresión de la Diputación para la cultura y tradiciones alicantina; para la promoción de la Costa Blanca; para los servicios que presta esta institución; para los empleados que trabajan en el Palacio Provincial; o para los municipios más pequeños. «¿Dónde se tomarán las decisiones que nos afecten? ¿En Valencia?», preguntó, en un claro tono de reproche, para empezar a enumerar un largo listado de agravios, en el que en varias ocasiones citó a IFA, institución ésta que, según subrayó, apenas ha recibido unos cientos miles de euros frente a los más de 200 millones que ha recibido Feria Valencia en los últimos años. No fue el único punto en el que entró. Acusó a Puig de ponerse de perfil en la defensa del trasvase Tajo-Segura, y alegó que su institución no se opone a la Xarxa de Llibres, pero que las competencias en materia educativa las tiene la Generalitat y es esta Administración quien debe correr con esos costes. «La Generalitat recibirá 1.400 millones más del Estado, todavía no sabemos a qué los va a destinar, pero parece que a la provincia de Alicante no».
Tras esa defensa de las diputaciones, y, una vez cerrado el capítulo de agravios, César Sánchez ahondó más en la necesidad de reformar estas entidades para dar más protagonismo a la ciudadanía, con transparencia y participación. Profundizó en eso y en una serie de proyectos, como la zona franca del Puerto; el programa por el que la Diputación se hará cargo de la gestión del servicio de aguas en municipios de menos de 5.000 habitantes si lo piden sus ayuntamientos; o la apuesta por el turismo, con dos etapas en la provincia de la Vuelta Ciclista a España para 2016. «Disculpen si en el tono o en el contenido alguien ha percibido algo de acritud, pero los políticos no están para decir las cosas que las personas que están enfrente quieren escuchar». Cerraba así su conferencia César Sánchez, en una intervención en la que dejó claro que defenderá la Diputación con uñas y dientes.
