El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dijo ayer basta. El líder del PSPV anunció que llevará al Gobierno central a los tribunales si no mejora la financiación autonómica para poner así fin a décadas de discriminación a la Comunidad Valenciana. Durante su discurso de investidura en las Cortes, Puig se mostró implacable. «Desde esta tribuna me comprometo a que, independientemente del partido que gobierne en Madrid, emprenderemos acciones legales si no lo conseguimos de forma negociada (la reforma del sistema)», sentenció. La fecha tope: otoño. Si pasado el verano el Ejecutivo central continúa sin mover ficha con el reparto de fondos, habrá batalla jurídica.
Con esa frase Puig hizo un guiño a su socio de gobierno. Hasta ayer, Compromís era el único partido que había dicho alto y claro que denunciaría al Gobierno si no revisaba el modelo de financiación, aprobado en 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y con vigencia, en teoría, hasta el 1 de enero de 2014.
Ese expolio que ha venido sufriendo la Comunidad la ha obligado a recurrir a todos los mecanismos de rescate que ha ido impulsando Madrid desde 2012 para sortear así el default. Uno de ellos, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). «Por mucho que se obstinen algunos, el FLA no es la solución», zanjó Puig.
El nuevo presidente de la Generalitat abogó entonces por alcanzar un gran pacto entre todos los grupos de las Cortes para desatascar la delicada situación económica de las arcas del Consell: «Propongo a la Cámara un Pacto por la Viabilidad de la Generalitat, un acuerdo de unidad extensible a la sociedad civil, para exigir al Gobierno de España un cambio justo en el modelo de financiación, una financiación transitoria extraordinaria mientras se modifica y la negociación del pago de la deuda histórica».
Y sentenció: «La Comunidad está exhausta de ofrendar nuevas glorias a España. Hasta aquí hemos llegado». Las reivindicaciones de Puig en materia económica no se centraron exclusivamente en Madrid. También anunció que impulsará medidas de ámbito autonómico para determinar por qué la Comunidad es la segunda región española más endeudada en términos absolutos y la líder destacada en relación al PIB. «Una parte de la deuda es fruto de apuestas fallidas y de prioridades erróneas. Tiene su origen en la ineficiencia, el despilfarro e incluso la corrupción», subrayó, a la vez que anunció que planteará a la Sindicatura de Comptes que realice una auditoría integral de las cuentas autonómicas.
La endeblez de las arcas del Consell copó buena parte de su discurso, pero su intervención dio para mucho más. Puig comenzó realizando una radiografía general de la situación de las comarcas valencianas y emplazó al resto de fuerzas a sellar una gran entente para dejar atrás «la hipoteca reputacional» que pesa sobre la Comunidad: «Nunca más un gobierno de espaldas a las personas. Recuperaremos la dignidad de las instituciones y pediremos perdón». Esas palabras las pronunció en referencia al accidente de metro de Valencia que se cobró decenas de víctimas mortales en 2006.
Esa frase fue el preludio del primer gran bloque de su discurso, centrado principalmente en los ciudadanos. Puig quiso poner ayer un tono social a su primera gran intervención en las Cortes. No sólo abogó por pasar página a los 20 años de gobiernos del PP, sino que se comprometió a recuperar el Estado del Bienestar en la Comunidad. Recordó a los desempleados, a las familias que han perdido su vivienda, a los jóvenes que se han visto forzados a emigrar, a los autónomos que sufren la crisis, a los jubilados que sustentan a sus hijos y nietos, a los dependientes... Tuvo palabras para los principales colectivos sociales. «Desde el primer día se notará que son los ciudadanos los que dirigirán esta Comunidad», resaltó, desmarcándose así del PP.
Uno de los pilares básicos de sus políticas será la vertebración de la autonomía. Desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada. «Tenemos que coser la Comunidad Valenciana y vertebrarla. Debemos hacer una red que ligue Alicante, Castellón y Valencia con todas las comarcas y los pueblos y ciudades. Sumando, multiplicamos». Así cerró Puig el primer gran bloque de su intervención.
A continuación se centró en su programa de gobierno. Es decir, en las políticas concretas que pretende llevar a cabo durante los próximos cuatro años. Las dividió en cinco grandes bloques: el rescate a las personas; la renovación de la democracia y la lucha contra la corrupción; un gobierno centrado en las personas; impulsar un nuevo modelo productivo; y esclarecer las cuentas y luchar por una financiación justa. «El objetivo es sacar a la Comunidad de la situación de emergencia social, económica y política», concluyó.
