Mientras Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel, cabezas visibles del PSPV, Compromís y Podemos, mantienen una pugna soterrada por ver quién de los dos primeros se alza con la presidencia de la Generalitat, las cuentas públicas muestran signos inquietantes. De hecho, cuando finalmente diriman el futuro del Consell, se encontrarán con una dura realidad. Tanto que, sobre el papel, deberán aplicar recortes económicos para cumplir con las exigencias de equilibrio presupuestario marcado, al menos hasta noviembre, por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y es que en los primeros 90 días del año el Ejecutivo de Fabra no solo agotó, sino que incluso rebasó el margen de déficit para todo el ejercicio. Peor aún, después de que en los últimos años hubiera dejado de ser la comunidad con más «números rojos» de España (en 2014 fue la cuarta), a finales de marzo el Consell volvió a situarse a la cabeza.
Así lo revela el último informe sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas elaborado por el Ministerio de Hacienda, un documento que, en plena resaca postelectoral, ha pasado desapercibido. Sin embargo, el estudio da motivos para la alarma, sobre todo, de cara a los nuevos inquilinos del Palau de la Generalitat. Según el informe, al cierre de marzo la Comunidad -excluyendo los anticipos a cuenta de los recursos del modelo de financiación de meses posteriores- registraba ya un déficit equivalente al 0,85% de su Producto Interior Bruto (877 millones). Es el mayor de todas las autonomías, superior al tope anual correspondiente a este ejercicio, que es del 0,7%.
Este último porcentaje comporta que el Consell solo puede gastar este año 720 millones más de lo que ingrese. Sin embargo, a 31 de marzo, el desfase era ya de 877 millones, lo que significa que, a falta de conocer el dato referido al cierre de junio -cuando previsiblemente la nueva Administración tome posesión-, el tripartito ya tendrá que recortar u obtener nuevos ingresos por importe de 157 millones.
La alternativa es, como hizo Fabra el año pasado, negarse a seguir imponiendo recortes. Ahora bien, si resultaba poco probable que el Ministerio de Hacienda, de Cristóbal Montoro, aplicara sanciones o pusiera en marcha el mecanismo de intervención formal, ¿qué garantías hay de que no lo haga tras el cambio de color en la Generalitat Valenciana?
El 0,85% supone que la Comunidad es la única del país que, transcurridos solo tres meses del presente año, ya incumple el límite anual de déficit y casi triplica la media autonómica (0,31%). La siguiente, Baleares, tuvo un desfase del 0,68 %, seguida de Murcia (0,59), Cataluña y La Rioja (0,43), Andalucía (0,39), Castilla-La Mancha (0,38), Aragón (0,26), Cantabria (0,24), Castilla y León (0,22), Madrid (0,21), Extremadura (0,19) y Galicia (0,13). Con superávit están Navarra (0,25) y País Vasco (0,22), y Asturias y Canarias tienen equilibrio. En el año electoral y con las encuestas en contra, Fabra consumió hasta marzo 727 millones en anticipos de la financiación que debía gestionar al Ejecutivo salido de las urnas el 24M: 588 de la liquidación que se cobra en julio y 139 de la financiación ordinaria de meses posteriores.
