Y van cinco. El magistrado Manrique Tejada, instructor del proceso que investiga presuntos amaños en el PGOU de Alicante, acaba de dictar el sobreseimiento provisional de las actuaciones para el empresario manchego Aurelio González Villarejo y para su hombre de confianza, Vicente Pérez Cañas, al no apreciar en sus actuaciones indicios de delito. Con estos dos archivos ya son cinco los imputados en este macroproceso que han dejado de serlo. Los nombres Gónzalez Villarejo y Pérez Cañas se suman ahora al del empresario Bernardo Campos, al de su abogado Jorge Yacobi, y al del también empresario José Miguel Soroa.
Gónzalez Villarejo fue socio del empresario Enrique Ortiz, también imputado en esta causa junto a, entre otros, los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi. Con el empresario conquense levantó Ortiz la urbanización de la Playa de San Juan en la que se encuentran los tres bungalows que los investigadores sostienen que el promotor regaló a los hijos de Alperi en agradecimiento a los supuestos datos reservados del planeamiento de Alicante que el exregidor le habría facilitado.
El sobreseimiento acordado ahora por Tejada, contra el que cabe recurso de reforma y de apelación, viene en realidad a ratificar lo ya avanzado por el magistrado en la exposición razonada que, por el aforamiento de Alperi y Castedo (entonces diputados autonómicos), tuvo que remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. En aquel escrito, el instructor ya planteaba el archivo de las actuaciones para González Villarejo y para Cañas «sin perjuicio de que en los informes pendientes de tramitar por la UDEF pudieran aparecer nuevos hechos presuntamente delictivos», circunstancia que obligaría a imputarles de nuevo.
Negativa a declarar
En su comparecencia ante el juez en noviembre de 2011, Villarejo se negó a declarar alegando que estaban pendientes de resolver los recursos que se habían presentado contra la validez de las escuchas. En su lugar presentó un escrito donde afirmaba no haberse beneficiado de información privilegiada alguna o haber falsificado documentación contable para encubrir el presunto regalo de los tres bungalows a los hijos de Alperi.
Unos días después, Vicente Pérez Cañas, consejero delegado de del grupo inmobiliario GV y persona de confianza de González Villarejo, también se acogió a su derecho a no declarar y al igual que hizo el constructor, presentó un escrito en el que aseguraba no haber colaborado en un fraude contable, tal y como sostenía el fiscal Felipe Briones, para tapar que Ortiz era el propietario de las viviendas en las que residen los hijos del exregidor Díaz Alperi.
En el documento presentado por su abogado se afirmaba que «el compareciente no ha realizado gestión fraudulenta ni solo ni junto a González Villarejo, respecto al posible pago relacionado con familiares de Díaz Alperi de bienes inmuebles enajenados a los mismos, y con falseamiento contable de ningún tipo». En el escrito rechazaba haber intervenido en operación económica alguna de venta de terreros en la Condomina «en base o aprobando información privilegiada alguna, relacionada con la nueva redacción del PGOU».
El instructor aludía en su exposición razonada a la venta de esos terrenos en la Condomina cuya calificación no ha variado, precisaba, y a que no consta que los imputados se hubieran beneficiado de información privilegiada.
