Los empresarios José Miguel Soroa y Bernardo Campos de Azcárate, junto al abogado de este último Jorge Yacobi Strasser, se han convertido en los primeros imputados en el proceso abierto por supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante a los que el instructor, el magistrado Manrique Tejada, ha excluido de la causa por no ver en sus actuaciones indicios de delito. En el procedimiento continúan imputados, entre otros, los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, el empresario Enrique Ortiz y el redactor del PGOU Jesús Quesada. Investigadores y acusaciones mantienen que los políticos del PP habrían facilitados datos reservados del planeamiento de Alicante al promotor a cambio de prebendas que van desde viajes hasta un coche.
Campos de Azcárate, amigo además de Alperi, y su letrado aparecen en las escuchas de Brugal y en los informes de la Policía relacionados con negociaciones para que unos inversores armenios compraran por unos 50 millones de euros la mitad de una sociedad propietaria de 700.000 metros cuadrados de suelo rústico en La Condomina que iba a ser recalificado en el nuevo PGOU. La mercantil, Viviendas del Mediterráneo Orvi, era en esos momentos de Enrique Ortiz y del empresario conquense Aurelio González Villarejo. Lo que se pretendía vender era la parte de Villarejo. Las escuchas incluyen conversaciones entre Ortiz y Campos sobre esta operación, en las que tanto Yacobi como Alperi también aparecen. Es precisamente el exalcalde quien supuestamente ofrece datos sobre la previsible recalificación de los terrenos.
En su comparecencia ante el magistrado Tejada en julio de 2011, antes de que enviara el asunto al Tribunal Superior de Justicia por el aforamiento de Alperi y Castedo (ambos eran entonces diputados autonómicos), el empresario aseguró que le ofrecieron comprar parte de Viviendas del Mediterráneo y que le encargó a su abogado, Jorge Yacobi, un estudio de viabilidad, pero que al final descartaron la inversión al coincidir con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la quiebra de Lehman Brothers. También ante el magistrado, Yacobi aseguró que no conocía a ningún armenio y expuso que fueron los problemas financieros que tenía la mercantil los que provocaron que finalmente no se materializara la compra.
En el informe policial aparecen escuchas en las que Campos habla a Ortiz de un armenio con una fortuna superior a los 500 millones de libras como inversor para comprar la sociedad, operación en la que él mostró su intención de entrar con un 10 o un 20% de los terrenos. Pese a la elevada inversión, Ortiz le dijo a Campos que en sólo dos años obtendrían una rentabilidad de entre el 40 y 50%.
Decisión adelantada
En la exposición razonada que se remitió al TSJ ya planteaba el juez la conveniencia de que tanto Campos como Yacobi fuera excluidos del procedimiento. A eso se ha sumado, tal y como recoge el auto dictado por Tejada, que las declaraciones prestadas por los dos imputados ante el TSJ «no añaden nada nuevo a lo ya instruido y siguiendo el parecer manifestado en la exposición de motivos de este instructor no aprecia causa alguna para no decretar el sobreseimiento provisional (...) dado que no hay hasta la fecha motivo alguno para acusar a los señores Campos de Azcárate y Yacobi Strasser de autores, cómplices o encubridores de los hechos de apariencia delictiva objeto de esta instrucción». El juez concluye advirtiendo que el archivo puede ser revocado de aparecer nuevas pruebas que así lo aconsejaran.
Además del contenido de la exposición razonada, el empresario alegó que «no realizó operación alguna en La Condomina ni para él ni para terceros», que «no solicitó ni obtuvo resolución administrativa alguna que directa o indirectamente representase un beneficio o ventaja para sí o para terceros y que el abogado «intervino como tal realizando funciones de asesoramiento».
Sin relación desde hacía años
El cierre de la causa para el empresario vasco José Miguel Soroa, imputado por el alquiler del jet privado con el que Alperi viajó a Creta en el verano de 2008, tiene que ver con el hecho de que su relación con Rivaflecha S. L, la mercantil a la que se le atribuye el pago de 36.000 euros por el arrendamiento del aparato, cesó cuatro años antes del polémico viaje, aunque los poderes no le fueron revocados hasta mayo de 2010, por lo no entendía qué podía aportar a unos hechos que desconocía y cuando tampoco podía disponer de la cuenta de la empresa desde la que se realizó la transferencia a la mercantil a la que se alquiló el jet.
El criterio del juez en estos tres casos contrasta con la decisión adoptada para el exidirectivo de Bancaixa José Cortina, también imputado, a quien acaba de rechazar su petición de sobreseimiento en tanto no concluya la investigación.
