El Gobierno de Rajoy no solo no reconoce, a diferencia de a Extremadura, la deuda histórica de la Comunidad Valenciana -que los expertos cifran en al menos 13.500 millones- por la crónica infrafinanciación de los valencianos. Tampoco las migajas de los compromisos firmados en el pasado por los representantes del Estado, no de la época de Zapatero, sino de la de Aznar. La Generalitat, además, se ha plegado a ello y tira la toalla definitivamente a la hora de reivindicarlos. El último informe de la Sindicatura de Comptes referido a la gestión de la Generalitat en 2013 revela que el Consell anuló durante ese ejercicio 270,3 millones pendientes de cobro del Estado que figuraban en la contabilidad como «derechos definidos». Esos fondos corresponden, como confirmaron fuentes de la Conselleria de Hacienda, al «documento-marco» que el 29 de diciembre de 1999 firmaron, de un lado, el entonces secretario de Estado de Hacienda, el valenciano Juan Costa, posterior ministro de Ciencia, y el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, y, de otro, el en aquella época conseller de Economía, Vicente Rambla. Con Rodrigo Rato de ministro de Economía y Hacienda y Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat.
A dos días de la Nochevieja de 1999, los representantes del Estado comprometían al ministerio a «promover» las actuaciones «legales y presupuestarias necesarias y la celebración de los convenios precisos» para financiar un listado de obras -la Autovía Central, la de la Plana y el Eje del Segura, entre otras- ya ejecutadas y pagadas por la Generalitat por importe de 44.981 millones de pesetas. Esto es, 270,3 millones de euros. El compromiso fue milagroso para el PP y las cuentas autonómicas. La liquidación de 1999, que se conoció en la antesala de las elecciones generales de 2000, registró un pequeño déficit de 61,78 millones, en lugar de uno de 332,08 millones.
Un convenio singular
En aquella época esa cifra habría supuesto un escándalo mayúsculo y un grave problema político para Zaplana; a la luz de los déficits de hoy, que se cuentan en cada cierre anual por miles de millones, resulta una nimiedad. Pero, en la era anterior al euro, un desfase de 55.260 millones de pesetas habría puesto contra las cuerdas al Consell. Y ello sin contar con los 70.000 millones de pesetas en facturas en los cajones de Sanidad sobre los que por aquel entonces alertaba el Síndic -e informaba este diario- sin que el Consell tomara medidas para atajarlo.
En su auditoría de 1999, la Sindicatura alertó de la singularidad de este convenio genérico que, por su naturaleza, se incluyó en la contabilidad de la Generalitat como un «derecho definido». Estos se definían como «expectativas» de cobro. Por eso la Sindicatura siempre los ha cuestionado y, en su informe de fiscalización de 2013, avala la decisión al afirmar que los 633,1 millones en «derechos definidos» que durante muchos años aún se mantenían «han sido debidamente anulados» entre 2012 y 2013. Cuestión distinta es que, políticamente, existía un compromiso de los dos máximos representantes tras el ministro del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Aznar y la Generalitat ha renunciado finalmente a reivindicar esa deuda del Estado con la Comunidad Valenciana. La deuda histórica derivada de la infrafinanciación valenciana (al no contar con recursos similares a la media por habitante del resto de autonomías) carece de soporte, más allá de los informes de los expertos. Hasta los cálculos sobre la infrafinanciación que hizo el economista Ángel de la Fuente, el experto de Montoro para las cuentas, se eliminaron del informe oficial sobre las balanzas fiscales. Pero, en este caso, sí existía un documento escrito para reivindicar el dinero.
«Las gestiones oportunas»
Por este motivo, a lo largo de 14 años los responsables de la Generalitat han mantenido que esos 270 millones finalmente se iban a cobrar del Estado. De ahí que, invariablemente, se computaran en las cuentas año tras año. En paralelo, durante esos casi tres lustros la Sindicatura de Comptes ha cuestionado su mantenimiento como pendiente de cobro del Estado. En el informe de la Sindicatura referido a 2000 se señalaba que, en alegaciones, la subsecretaría de Política Presupuestaria y Tesoro indicaba «que se están realizando las gestiones oportunas para el cobro del mismo».
La diputada del PSPV Cristina Moreno llevó la investigación parlamentaria de este convenio y, en mayo de 2001, el Gobierno central respondió a una pregunta indicando que no tenía constancia del documento de Costa, Folgado y Rambla. Pese a ello, el Consell mantuvo la reivindicación hasta que en 2013, en una situación de invervención virtual de la Comunidad Valenciana por parte del Ministerio de Hacienda, ha optado por renunciar a esos ingresos.
