A perro flaco, todo son pulgas. Bruselas investigará a la Comunidad por manipulación de sus cuentas para maquillar los datos del déficit hasta 2011. En una decisión sin precedentes con la que se inaugura uno de los nuevos mecanismos de control estadístico de la UE, la Comisión Europea revisará los balances económicos de la Generalitat por la gestión del gasto sanitario a lo largo de casi dos décadas: con los gobiernos del PP de Eduardo Zaplana pero, sobre todo, con los de Francisco Camps. Durante años, como reflejó informe a informe la Sindicatura de Cuentas, se ocultaron pagos sanitarios -las llamadas «facturas en los cajones»- que llegaron a generar una bola al cierre de 2011 superior a los 3.500 millones, mitad en el cajón legal pero mitad sin ningún reflejo en los presupuestos. Precisamente, en ese segundo paquete de alrededor de 1.800 millones es sobre el que Bruselas, apuntaron fuentes de la UE en España, pondrá el foco de la investigación, una cantidad que se concentra en la segunda legislatura de Francisco Camps, entre los años 2008 y 2011. En ese periodo la crisis ya azotaba a la Comunidad con enorme virulencia y la Generalitat arrastraba enormes dificultades para cumplir con sus obligaciones en el «día a día» de la gestión.
El trámite viene de lejos. La Comisión Europea detectó el caos en las cuentas en mayo de 2012 cuando al dar cuenta de los balances del año anterior, como informó este periódico en su día, se registró un notable desfase entre el déficit oficial que «cantó» la Generalitat y el que, finalmente, computó el Ministerio de Hacienda. «La investigación afecta únicamente a la región de Valencia por no informar sobre determinados gastos sanitarios durante muchos años e incumplir las reglas de la UE sobre información estadística», anunció la portavoz responsable de Eurostat, Emer Traynor, en una comparecencia que luego amplificaron desde Bruselas con la emisión de dos comunicados. La Intervención de la Generalitat, de acuerdo con la información remitida desde Europa, envió de manera continuada y «sistemática» información «incorrecta» sobre sus tablas estadísticas de resultados.
«Creemos que se trata de un problema que data de hace mucho tiempo en la región de Valencia, pero la investigación, que no pone en cuestión los datos del resto de España, examinará exactamente durante cuánto tiempo se ha producido esto y cuál es la cadena de responsabilidad», explicó la portavoz de Eurostat. Las irregularidades, a pesar de las auditorías anuales de la Sindicatura de Cuentas en las que se alertó del descontrol en los balances de Sanidad, sólo se corrigieron a partir de 2012, cuando Eurostat afloró el problema. Llegados a ese punto, Fabra y el conseller Juan Carlos Moragues, que aceleró partir de su nombramiento a finales de ese año desmarcándose de la gestión anterior, tomaron la iniciativa y saldaron toda la deuda con cargo a los fondos de rescate incluídos en los planes de pago a proveedores. Lo hicieron a costa de seguir incrementando la deuda bancaria autonómica que, como se recordará, es la segunda más alta del conjunto de España con cerca de 35.000 millones.
El expediente puede ser muy grave. Bruselas, de hecho, amenaza con sanciones en el supuesto de que, finalmente, se acabe confirmando la infracción. El castigo podría alcanzar una multa millonaria. Llegaría en en el caso de ejecutarse hasta un 0,2% del PIB de España en tanto que Eurostat únicamente tiene trato directo con los gobiernos nacionales. Y eso supondría una sanción de hasta 2.000 millones para España que, a continuación, Madrid tendría que descontar a la Generalitat de los ingresos ordinarios del sistema de financiación. Sería una auténtica hecatombe: una cantidad equivalente a la mitad del presupuesto de Sanidad y Educación para un año. Es improbable, sin embargo y como reconocieron desde la oficina del Parlamento Europeo en España, que en este asunto se llegue a la multa máxima. ¿Por qué? Las irregularidades sólo afectan a una comunidad autónoma y a una categoría de gasto. Incluso, apuntaron, de aplicarse una sanción, sería, casi seguro, más reducida. El Consell confía, más allá de eso, que el impacto económico de la investigación se reduzca a la nada por dos razones: la colaboración y que el gobierno de Fabra actuó en su día para atajar el problema.
La revisión de las cuentas tiene su origen en una serie de de gastos no registrados en la Comunidad y Madrid. Después de las inspecciones, Eurostat consideró que el asunto de Madrid podría considerarse un ajuste excepcional. En cambio, en septiembre de 2013 y tras otra inspección para confirmar las conclusiones, Eurostat recomendó a la Comisión que abriera una investigación sobre la «tergiversación» de esos datos en la Comunidad. Una investigación larga. Sin fecha para finalizar y que amenaza la recta final del mandato de la Generalitat, a apenas diez meses de las elecciones.
