Alberto Fabra cerrará la legislatura con unos presupuestos expansivos para 2015, que crecen en más 1.100 millones respecto a los de este año, pero que, en la práctica, se antojan sumamente complicados de cumplir. En términos globales, el anteproyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2015 asciende a 17.191,4 millones de euros, un 7,2% más que en 2014. Y el consolidado, incluyendo a organismos autónomos y todo el sector público, se eleva hasta los 18.209,1 millones, un 6,56% más. Todas las consellerias crecen en fondos... excepto Hacienda, que cae un 0,4%.

Ahora bien, la Generalitat ha fiado las cuentas previas a las elecciones a tres ingresos que difícilmente podrá conseguir. El primero, un anticipo de 1.057 millones (casi todo el incremento presupuestario) del Gobierno central. El Ejecutivo autonómico ha retado al Ministerio de Hacienda y ha previsto una inyección de tal calibre pese a que ese dinero tendría que recibirlo en el año 2017. Es decir, ya con un nuevo gobierno en el Palau. Dada su asfixiante situación económica y la imperiosa necesidad de conseguir dinero adicional para poder cuadrar sus cuentas, la Conselleria de Hacienda ha optado por incluir en su proyecto de Presupuestos el Fondo de Competitividad, un mecanismo estatal que compensa a aquellas comunidades autónomas que salen discriminadas por el reparto del modelo de financiación. El problema es que este fondo nunca se ha presupuestado -a excepción de un ejercicio con José Manuel Vela al frente de Hacienda- y que esos 1.057 millones se tendrían que recibir dentro de tres años, cuando se liquide el sistema de 2015. En caso de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, opte por anticipar esa cantidad (hoy no ha dado ese aval), el futuro gobierno se toparía con un serio problema en 2017, dado que perdería ya esos ingresos.

La Generalitat ha previsto además otra inyección económica que podría saltar por los aires: 230 millones de euros procedentes de un impuesto a la banca. Esta medida no es nueva... pero hasta ahora ha sido del todo improductiva. El pasado ejercicio, cuando el Consell elaboró las cuentas de 2014, creó un tributo que gravaba a las entidades financieras y con el que esperaba recaudar 230 millones de euros. Pero pronto se topó con un serio problema. El Gobierno central impugnó ese impuesto en los tribunales y el Tribunal Constitucional (TC) acaba de darle ahora la puntilla. Ha admitido el recurso del Ejecutivo y ha suspendido de manera provisional su entrada en vigor.

La Generalitat, sin embargo, aún confía en que la Justicia le termine dando la razón y ha vuelto a incluir en el anteproyecto de Presupuestos de 2015 dos ingresos por un total de 230 millones por ese tributo sobre depósitos bancarios. «Entendemos que el fallo del Constitucional será favorable», zanjó el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, durante la presentación que hizo ayer para desgranar las cuentas autonómicas del próximo año.

El Consell de Alberto Fabra también ha decidido incluir otra medida controvertida en sus Presupuestos. Ha previsto una inyección de 150,6 millones de euros a lo largo del próximo año por la venta de patrimonio. Pese a que en los últimos años la Generalitat ha fracasado de manera evidente en sus intentos por deshacerse de propiedades para hacer caja, ahora vuelve a insistir. Ha reducido en 195,22 millones su previsión recaudatoria respecto a este año (para 2013 preveía unos ingresos de 345,8 millones), pero la ha incluido de nuevo. Y eso, que hasta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda, ha puesto peros a esta medida después de que la Generalitat la haya plasmado, sin éxito, en los planes de ajuste que ha remitido al Gobierno.

El verdadero problema, de nuevo, lo tendrá el gobierno que salga de las urnas en mayo. Moragues admitió ayer que la inmensa mayoría de esos 150 millones se podrán conseguir en el segundo semestre de 2015, una vez que la situación inmobiliaria mejore. «Creemos que es una cifra razonable», sentenció.

Una de las áreas que más han crecido es la del servicio de la deuda. El Ejecutivo autonómico ha reservado un total de 5.003 millones de euros para hacer frente a lo largo del año al pago de intereses y la amortización de préstamos y créditos. Es, ni más ni menos, que un 29,1% del total de las cuentas y la segunda «conselleria» en gasto, solo por detrás de Sanidad (5.492 millones).

La Generalitat, sin embargo, no puede cancelar tanta deuda. ¿Y qué hará? Refinanciarla de manera casi íntegra. El Consell se endeudará además en otros 710 millones de euros para cubrir el déficit autorizado en 2015 (el 0,7% del Producto Interior Bruto) y abonará 2,7 millones de euros diarios en intereses. Esta última cantidad, no obstante, ha disminuido gracias a la rebaja de tipos de interés que aprobó el Gobierno para los mecanismos de rescate.