Bigastro, Calp, Callosa de Segura, Crevillent, Quatretondeta, Daya Vieja, Orba, Sant Joan d'Alacant y Tollos. Estos nueve municipios alicantinos incumplieron la ley de estabilidad presupuestariael pasado año y ahora están obligados a presentar al Gobierno un nuevo plan de ajuste. El Ministerio de Hacienda acaba de publicar por primera vez el listado de ayuntamientos «incumplidores». La inmensa mayoría de las entidades locales alicantinas sí que ha conseguido estabilizar sus cuentas y cumple a rajatabla con las exigencias económicas que fija el Gobierno central. Pero estas nueve corporaciones, por unas causas u otras, no han sido capaces de conseguirlo. Cada una de ellas, por un motivo distinto.
Uno de los casos más llamativos es el de Crevillent, un municipio saneado y con un endeudamiento netamente inferior al de poblaciones de su mismo tamaño. Su alcalde, César Augusto Asencio, explicó ayer por qué su ayuntamiento figura ahora en el listado del Ministerio como una de las nueve corporaciones locales de la provincia que no cumplieron con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El problema radica en una sentencia judicial. «La Justicia nos ha condenado a pagar alrededor de 5 millones de euros por un asunto que se remonta al año 1997», explica. En concreto, a unas expropiaciones que se realizaron entonces para construir dos centros educativos en el municipio -los colegios Julio Quesada y Mestra Pilar Ruiz-. Los antiguos propietarios de ese suelo decidieron denunciar el asunto en el Jurado Provincial de Expropiación porque entendían que el precio del terreno era netamente superior al que se les pagó. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, en 2010, y el Tribunal Supremo, en 2013, les dieron la razón, y han condenado a Crevillent a desembolsarles ahora esos 5 millones de euros adicionales.
Ese pago, abonado con cargo a los ahorros de los que dispone el Consistorio, propició que esta localidad del Baix Vinalopó gastara más de lo que ingresó el pasado año. De ahí que ahora figure como incumplidora. Asencio, no obstante, ya ha reclamado esa cantidad a la Generalitat, porque afirma que la expropiación se realizó con el visto bueno de la Dirección territorial de Alicante.
En Calp, por ejemplo, se ha dado un caso distinto. La población dirigida por César Sánchez paga a sus proveedores en un plazo medio de 29 días -por debajo del tope que fija la ley-, pero su negativa a abonar 8 millones de euros a la empresa Colsur dispara la cifra real de pago hasta cerca de 500 días, según admite el alcalde. Y ese retraso le sitúa como incumplidora para el Ministerio. «Colsur nos estafó con la basura y decidimos dejar de pagarle», recuerda el también vicesecretario regional del PP. Desde 2009 se dejó de pagar a la mercantil de Ángel Fenoll porque supuestamente engañó al Ayuntamiento y le cobró 11,5 millones de más en el tratamiento de los residuos.
En Sant Joan, por su lado, el interventor municipal ya ha advertido de que el municipio también paga con retraso a sus proveedores. De ahí que la corporación haya tenido que remitir, al igual que las otras ocho poblaciones incumplidoras, un plan económico-financiero a Madrid con una previsión para cuadrar las cuentas.
