La nueva Ley de Estabilidad obliga al Consell a un ajuste anual de 900 millones

El Consell, de acuerdo a los datos de la contabilidad nacional, podría cerrar el año 2011 con un volumen de déficit que superaría el 4%, lo que situaría el desfase en una cantidad próxima a los 4.300 millones. La Comunidad está a la cabeza de este indicador que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos, únicamente superada por Castilla-La Mancha y Murcia. Con los últimos datos en la mano, el déficit doblaba la media del resto de España. Todas las autonomías tendrán que ir reduciendo, de forma paulatina, sus "números rojos" a razón de un 0,8% anual, lo que obligaría a la conselleria de Hacienda a un ajuste medio de entre 800 y 900 millones. Para 2012, obligado por los impagos y la falta de liquidez, el Consell ya ha aprobado un recorte cercano a los 1.100 millones después del "rescate" del Gobierno para poder saldar sus préstamos.

En la Generalitat, la decisión se acogió, al menos de puertas hacia fuera, con satisfacción. De hecho, desde el Consell, explicaron fuentes del PP, aplaudieron el anuncio de Mariano Rajoy de imponer un déficit estructural del 0% a las autonomías para el año 2020. Y, en este sentido, entienden desde la Generalitat, la decisión refrenda la política de recortes del conseller José Manuel Vela con ajustes que van en esa dirección. Todas las medidas aprobadas durante el último mes, apuntaron desde el Consell, van encaminadas a ese objetivo de rebajar la desviación de las cuentas autonómicas durante este ejercicio.

Antes del anuncio oficial del Consejo de Ministros, el titular de Economía, Luis de Guindos, durante su viaje a Suiza para participar en el Foro de Davos, ya desveló que los controles a los que se someterán las autonomías serán, incluso, superiores a los que se establecen desde Bruselas. Con posterioridad, Cristóbal Montoro, acompañado de la vicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría, dejó claro que habrá multas para las autonomías que incumplan los topes de déficit -la sanción podría ser de hasta un 0,2% del PIB de la autonomía infractora- y, sobre todo, un control previo -"no será una imposición",especificó- de los presupuestos de cada comunidad. Mariano Rajoy, de esta manera, quiere supervisar las cuentas antes para evitar sorpresas en el caso de que se produzca un descontrol en el gasto. Si en el plazo de nueve meses, los balances siguen sin enderezarse, Hacienda enviará una comisión para revisar las cuentas de la administración. "Y no será amable", apuntó Cristóbal Montoro.

Durante su comparecencia, el ministro explicó que la nueva ley introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB. Los criterios de control que recoge la nueva legislación son más estrictos que los que figuran en la reforma de la Constitución que, durante el pasado mes de agosto, pactaron el PSOE y el PP, un cambio que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB. A ese techo, a partir de ahora, sólo se podrá llegar en situaciones de carácter excepcional como catástrofes naturales o recesión económica.

Habrá un esfuerzo extraordinario para reducir al máximo la deuda en tiempos de bonanza. La Comunidad, en estos momentos, es la segunda autonomía con mayor volumen de endeudamiento únicamente superada por Cataluña. La deuda pública, de hechó, tendrá que rebajarse siempre que la economía del conjunto del Estado experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcancen crecimientos del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos. También tendrá que aprobarse un techo de gasto con el objetivo de la estabilidad de las cuentas: el gasto público no podrá aumentar por encima del crecimiento del PIB. Para Cristóbal Montoro, la nueva normativa permitirá una mayor colaboración entre las autonomías y el Estado. "Se trata de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios", concluyó el ministro de Hacienda.

El Ejecutivo facilita otra vía de liquidez a la Comunidad

El Consejo de Ministros concedió ayer a la Generalitat una prórroga de tres meses para que, como máximo hasta el 31 de marzo, disponga de una autorización para emitir deuda por un importe de 1.822,9 millones, una decisión que, durante los próximos meses, puede aliviar las necesidades de tesorería de las arcas autonómicas. El Consell, en estos momentos, se encuentra en una situación muy complicada, con impagos generalizados en Educación, Sanidad, abogados del turno de oficio o farmacia. En este sentido, el Gobierno valenciano se encuentra a la espera de ingresos -un anticipo de fondos de Madrid y una línea del Instituto de Crédito Oficial- para poder abordar el pago a proveedores, a los que adeuda unos 3.200 millones. De momento, el gabinete de Alberto Fabra ha tenido que echar mano de sus ingresos ordinarios para poder saldar las deudas con los colegios, que estaban en situación crítica con amenaza de cortes de luz y algunos sin fondos para poner la calefacción. Esta medida del Ejecutivo de Rajoy supone un respiro para la Comunidad que, de esta manera, tendrá opciones de afrontar todas estas obligaciones financieras. Las autorizaciones corresponden al paquete de deuda del ejercicio de 2011 que no fueron cubiertas, en su totalidad o parcialmente, debido a la situación de los mercados financieros. La decisión también afecta a otras comunidades como Andalucía, Murcia, Cantabria, Extremadura o Navarra. Según la referencia del Consejo de Ministros, todas las operaciones se tramitan por procedimiento de urgencia con objeto de cumplir con las peticiones formuladas por las comunidades que las han solicitado y que han manifestado la necesidad de disponer de las mismas lo más rápidamente posible para aprovechar la mejoría en la situación de los mercados financieros y hacer frente a sus obligaciones de pago pendientes. P. r. f.