Ni cierre del proceso para la alcaldesa de Alicante ni levantamiento de la imputación cierre del procesoalcaldesa Alicante levantamiento de la imputación porque ambas decisiones irían en contra de los intereses públicos. El magistrado Manrique Tejada, que desde mediados del pasado julio ha vuelto a asumir la instrucción del proceso abierto por supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de la ciudadirregularidades tramitación PGOU , ha rechazado la pretensión de la primera edil, Sonia Castedo, de que fueran archivadas para ella unas actuaciones en las que está encausada o, en su defecto, le fuera levantada la imputación al mantener que para ella, una política en activo, esta situación viene a ser algo similar a una condena.
Un planteamiento con el que los abogados de la regidora, José María Asencio y Juan José Martínez Albert, se han estrenado ante el magistrado Tejada pero con el que no han corrido mejor suerte que con los expuestos, en esta misma línea, ante el instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Comunidad, de donde el procedimiento fue devuelto a Alicante tras la dimisión como diputada de Castedo después de que hubiera hecho lo mismo su antecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, también imputado en esta causa.
A ambos políticos del PP, que al dejar su escaño en las Cortes perdieron su condición de aforados, se le atribuye haber facilitado datos confidenciales del planeamiento urbano de Alicante al empresario Enrique Ortiz a cambio de regalos.
Los abogados de la alcaldesa solicitaban el cierre del caso para su clienta por no existir indicios de haber cometido delito alguno, el levantamiento de la imputación en tanto no aparecieran motivos que obligaran a encausarla de nuevo, como segunda alternativa, y, en caso de no atenderse ninguna de estas peticiones, que se concretaran las imputaciones. Entre otros planteamientos pedían también que se excluyeran de la causa los informes policiales «dado que son meros atestados que carecen de valor probatorio», siempre según los defensores.
En consonancia con las respuestas que ante semejantes peticiones ha venido dando el magistrado del TSJ Juan Climent durante los dos años que el asunto se ha estado instruyendo en el máximo órgano judicial de la Comunidad, su colega Manrique Tejada concluye que no puede cerrar un caso cuya instrucción no ha finalizado y de la que, además, se deduce «la existencia de conductas imputables en el orden jurisdiccional penal».
«Afirmaciones interesadas»
El juez califica de «subjetivas e interesadas» las afirmaciones realizadas por los letrados de la regidora, tacha de «contraria a los intereses públicos y a la responsabilidad de los poderes públicos» la petición de archivo planteada por Castedo y resta importancia a otro de los aspectos esgrimidos en el escrito: la provisionalidad del PGOU. Un argumento que, según mantiene Tejada, no puede ser tenido en cuenta «dado que por su naturaleza jurídica, la redacción del mismo, la propia tramitación de su contenido con sus correspondientes exposiciones públicas, con resolución de alegaciones y actos municipales de impulso y aprobación del mismo, que deciden directamente el fondo de los asuntos tratados en dicho documento, todo ello determina el deber y la necesidad de continuar con la presente instrucción». En un resolución contra la que cabe recurso, el juez explica también que las imputaciones se concretarán cuando finalice la instrucción.
