El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada de la Policía Judicial de Alicante ha iniciado una investigación sobre las supuestas irregularidades llevadas a cabo en la tramitación del polémico Plan Rabasa, cuyo promotor, el empresario Enrique Ortiz, ha visto como el macroproyecto no se ha podido desarrollar tal cual se concibió por acumular tres sentencias judiciales en contra emitidas por la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En un oficio remitido por este grupo policial al juez que instruye el caso -el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón- los agentes informan al magistrado de que se está efectuando un informe sobre las presuntas irregularidades en dicha actuación urbanística utilizando para ello «diversas fuentes de información a las que se tiene acceso» y del que anuncia que se dará cuenta al juzgado «en el momento oportuno». En este escrito, la Policía solicita cuanta documentación exista sobre este asunto en el juzgado, incluyendo el expediente aportado por el Ayuntamiento de Alicante en relación al denominado Plan Rabasa.
El juez ha acordado la entrega de la documentación a los agentes -de la que aún espera buena parte de la misma procedente del juzgado de Orihuela que inició las actuaciones del caso Brugal, de las que se desgajó una pieza relativa al Plan Rabasa- y ha solicitado a su vez al Grupo de Blanqueo de Capitales que le concrete cual fue la participación en los hechos investigados de cada uno de los denunciados en la causa.
Esta investigación se abrió tras una denuncia presentada en el juzgado en octubre de 2012 por EU. En ella, la formación política denunciaba por presunta corrupción en la tramitación del Plan a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi; al empresario Enrique Ortiz; a la jefa del servicio jurídico de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos; al gerente de la Gerencia de Urbanismo, Enrique Sanus; a los exdirectivos de Carreteras del Ministerio de Fomento Enrique Peiró y Francisco Javier Criado, estos dos del anterior gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y a la exsecretaria autonómica de Medio Ambiente, Maria Ángeles Ureña.
Según la denuncia de EU, que dio lugar a las diligencias previas que investigan el plan Rabasa y la llegada de Ikea a los terrenos de Enrique Ortiz, en la tramitación y aprobación del plan pudo existir tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. El sumario del caso Brugal sacó a la luz numerosas conversaciones relativas a este macroproyecto urbanístico.
