Por cuarta vez, el PP se negó en Madrid a respaldar las peticiones que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, lanza desde Valencia para acabar con la discriminación de la Comunidad en el reparto de la financiación autonómica. Todo un síntoma del escaso predicamento de Fabra cuando sus discursos «cogen» el AVE y llegan a la capital de España. En esta ocasión, además, los populares rizaron aún más el rizo para tumbar una propuesta calcada a la que en su día avaló el grupo popular en las Cortes Valencianas y que, en la práctica, representa la esencia de la tesis del jefe del Consell sobre el cambio del modelo de financiación: acceso en igualdad de condiciones a los servicios para todos los ciudadanos y entrada en vigor de la nueva distribución, aunque sea con carácter retroactivo, desde enero de 2014. El rechazo a la iniciativa del grupo socialista en el Senado desautoriza no sólo al PP de la Comunidad sino, en esta ocasión, al propio Alberto Fabra.
La enmienda, incluida en el debate de los presupuestos del Estado para 2014, recoge, de facto, una propuesta aprobada en las Cortes Valencianas y que el PP se tuvo que sacar de la manga hace dos meses después de que se rompiera el consenso parlamentario sobre este asunto. El texto defendido por el PSOE emplaza al Gobierno a iniciar de forma inmediata los trámites de la reforma del sistema para que se pueda pactar durante el primer semestre de 2014 aunque se pudiera aplicar, con carácter retroactivo, a partir de enero. Pero, además, la enmienda, como planteó Fabra en su día en términos similares, pone encima de la mesa la necesidad de que el nuevo modelo corrija «los déficits de financiación, garantizando la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de tal manera que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios». Como se recordará y de acuerdo con los informes realizados en su momento por los empresarios valencianos, la Generalitat sufre un expolio anual de financiación superior a los mil millones de euros. Es la cuarta ocasión que el PP se opone en Madrid -las tres veces anteriores fue en el Congreso- a la reforma del sistema de financiación, que data de 2009.
«Es una nueva traición a todos los valencianos que cuenta con el apoyo cómplice de Fabra», se quejó el socialista Ximo Puig después de conocer que el PP había impuesto su mayoría en el Senado para rechazar, una vez más, el cambio en el modelo de financiación. «Es inaceptable y una tomadura de pelo que el PP vote una cosa en las Cortes Valencianas y otra completamente diferente en Madrid, lo que demuestra que Fabra no mira por los intereses de sus ciudadanos sino que está únicamente al servicio de Mariano Rajoy y de Montoro», señaló el también diputado en el Congreso.
Pero es que, además, no sólo en Madrid se volvió a descarar el PP. También se quedó desnudo en Valencia. Durante la primera sesión del debate en comisión de los presupuestos de la Generalitat para 2014, los populares tumbaron una propuesta de Compromís en la que se solicitaba que el objetivo de la gestión del director general de Presidencia pasara de «atender» las necesidades de Fabra a centrarse en los contactos para cambiar la financiación, aplicarla desde enero de 2014 y, sobretodo, reclamar los más de 13.000 millones de la deuda histórica del Estado con la Comunidad. «No entendemos que no la hayan aprobado», se lamentó Mireia Mollá, diputada de Compromís. El PP, esta vez, calló en Madrid y en Valencia.
