Alberto Fabra quiere poner coto a las filtraciones de información sensible. El jefe del Consell no está dispuesto a que de ahora en adelante salgan a la luz pública documentos como el contrato de su entrenador personal, su nómina, la factura telefónica de 7.500 euros de la abogada general de la Generalitat, los tiques de la cena y la comida que el presidente compartió con su equipo de consellers en la Navidad de 2012 con cargo al erario público o el informe interno que, precisamente, circuló en la Generalitat para tratar de descubrir quién era el topo que pasaba esa información a los medios de comunicación.
Ahora bien, ¿cómo piensa Fabra atajar ese problema? La respuesta la dio ayer el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV). En él se publicó una orden, fechada el pasado 3 de diciembre y con la rúbrica del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, en la que se detallan una serie de normas «de obligado cumplimiento» para todos aquellos ciudadanos, funcionarios o no, que tengan acceso a documentos de la Administración autonómica. «La información constituye un activo de primer orden para la Generalitat desde el momento en que resulta esencial para la prestación de gran parte de sus servicios (...). Es necesario introducir medidas específicas para proteger tanto la información como los servicios que dependan de ella», reza el preámbulo de la orden, que entra hoy en vigor. Para «minimizar (...) las amenazas que ponen en riesgo la seguridad de los sistemas de información», el Consell ha dictado unas normas, unos procedimientos y una guía de buenas prácticas.
Entre ellos figura, por ejemplo, la prohibición de exponer contratos públicos en páginas web ajenas a las oficiales del Consell, tal y como ha hecho Esquerra Unida en el dominio www.eldesconfidencial.com. En él, la formación liderada por Marga Sanz ha colgado contratos confidenciales firmados entre la Generalitat y el patrón de la Fórmula 1, Bernie Eclestonne; y entre Ràdio Televisió Valenciana y varios equipos de fútbol, entre otros.
El número dos de Fabra en el Ejecutivo, José Císcar, incluso amenazó el pasado jueves al portavoz adjunto de EU en las Cortes, Ignacio Blanco, por este asunto. Le advirtió de que si Ecclestone solicita una indemnización al Consell después de que se haya aireado ese contrato confidencial, la administración autonómica exigiría a su vez responsabilidades económicas a su partido.
Hay muchas más directrices. Por ejemplo, la Generalitat obligará a todas aquellas personas que accedan a la información a guardar «la necesaria reserva, confidencialidad y sigilo». A los trabajadores les obliga a mantener ese silencio incluso después de haber finalizado su relación contractual con el Consell. Además, si alguien cree que otra persona está utilizando su identificación de acceso a los documentos, está obligado a comunicarlo «inmediatamente» para investigarlo. La orden publicada ayer en el DOCV advierte de que el incumplimiento de todas estas normas «podrá tener consecuencias disciplinarias», al margen de «otras responsabilidades en que se pudiera incurrir».
