Alberto Fabra está entre dos fuegos en la gestión de las investigaciones por corrupción. Los que cuestionan su «línea roja» por ser demasiado laxa y reclaman más claridad para intentar sacar al PP del atolladero en el que está atascado. Y aquellos que le critican por haber actuado hasta ahora, a su juicio, con demasiada dureza. La última reunión de la dirección regional del PP antes de las vacaciones de verano sirvió, precisamente, para evidenciar las diferencias que, en estos momentos, cohabitan en las filas populares alrededor de un panorama tan complicado. Durante la convocatoria, hablaron los que piden abrir la mano para evitar que una imputación suponga, en la práctica, apartarse de la estructura del Consell o tener que dejar los órganos de dirección del PP.

En una cita de asistencia limitada pero con toques de nerviosismo e incomodidad, cargos del PP afines a Serafín Castellano, número dos de Fabra en el organigrama popular; y Alfonso Bataller, en teoría hombre de confianza de Fabra y alcalde de Castellón cuestionaron la «línea roja» del jefe del Consell por dura. Asunción Quinzá, la mano derecha de Castellano en el departamento de Gobernación, en tono de reflexión, puso sobre el tapete el riesgo de que, en medio de la oleada de denuncias que se están presentando contra el PP después de la salida de Rafael Blasco del grupo del PP en las Cortes, una imputación acabe siendo sinónimo de destitución en el Consell. Quinzá, una dirigente que no interviene en convocatorias populares salvo por indicación de Castellano, teme que las denuncias sobre las adjudicaciones en la conselleria a un amigo de su jefe, en las que ella también aparece, acabe con imputaciones y que Fabra aplique su código. El jefe del Consell se mantuvo en sus trece. Apostó por afrontar una situación la que puede suponer una avalancha de denuncias con imputaciones de dirigentes populares a la que todos los cargos del PP, dijo, están expuestos.

También tomó la palabra Alfonso Bataller, alcalde de Castellón e imputado en Gürtel por adjudicaciones durante su etapa como alto cargo del Consell, que confesó sentirse «desatendido» por el PP y se quejó de la falta de coordinación en las filas populares. Bataller, hombre de confianza de Fabra, detalló que durante su etapa como director general concedió una contrata a Orange Market, la filial valenciana de Gürtel que dirigía El Bigotes. «No les conocía», apuntó para remarcar la injusticia que, en su opinión, supone que ahora está imputado, fuera de la presidencia local del PP y que se tiene que pagar el abogado por una gestión del Consell. «Estás muy solo», dijo. C0n todo, Serafín Castellano, al término de la convocatoria, se aferró a la labor diaria del PP para, dijo, que «en la segunda parte de la legislatura sigamos haciendo política en mayúsculas que es lo que hace el PP. Por mucho que quieran atacarnos, somos fuertes y con un criterio claro para salvar la situación».