El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Andrés Urrea considera que su comparecencia ante las Cortes Valencianas para explicar la evaluación que se realizó de las inundaciones causadas por la gota fría que arrasó la Vega Baja en septiembre de 2019 «no es procedente». El máximo responsable de la gestión del río Segura durante los días de la DANA ya ha contestado al presidente de las Cortes, Enric Morera, que no piensa acudir a hablar sobre este asunto en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio tal y como solicitó Compromís a mediados de diciembre para esclarecer los sucedido en esta comarca alicantina antes, durante y después de la devastadora DANA.
Con esta decisión, Mario Urrea se ampara en la legalidad más estrictra pero deja a la sede parlamentaria de los valencianos sin la posibilidad de escuchar sus argumentos y explicaciones sobre lo sucedido aquellos días de mediados de septiembre. Un ninguneo que casi nunca se ha producido contra el parlamento valenciano. Horas después de la catastrófica gota fría, Urrea recibió un aluvión de críticas por la gestión de un episodio ambiental que causó más de 1.500 millones de pérdidas, obligó a rescatar a 5.000 personas afectadas por la crecida del Segura y provocó tres víctimas mortales en la sur de la provincia. Desde los primeros instantes, la indignación de los agricultores de la comarca fue tremenda ya que los afectados, a la vista de las previsiones meteorológicas, pidieron a la Confederación del Segura dejar «seco» el río 48 horas antes de que se desbordara. Al desoír esta demanda, parte de las protecciones del río reventaron ante la avenida provocada por la gota fría, por lo que la comunidad de regantes acusó de «dejación de funciones» a la CHS.
Estas decisión, junto a otras actuaciones dudosas en materia de infraestructuras hídricas, trasladaron la gestión del presidente de la Confederación del Segura a las instituciones políticas. El pleno de la Diputación de Alicante aprobó por unanimidad -aunque con muchos reproches entre partidos- instar a las Cortes a impulsar una comisión de estudio para investigar la gestión de la CHS «durante los últimos años». Al margen de la comisión de estudio de la DANA -constituida en Orihuela el 27 de enero y donde uno de los principales puntos de disparidad entre el PSPV y el PP es si la fiscalización a la CHS debe retrotraerse hasta gobiernos anteriores del Partido Popular-, Compromís solicitó la comparecencia de Urrea en la comisión de Medio Ambiente de las Cortes.
Sin embargo, el ingeniero de Caminos que ostenta este cargo desde el verano de 2018 ha alegado que las comisiones parlamentarias pueden solicitar de la administración del Estado «información y documentación sobre materias de interés para la Comunidad Valenciana». En este sentido, para este alto cargo del Gobierno, un informe no equivale a que rinda cuentas en persona ante la institución democrática que reclama su asistencia. Tras citar abundante jurisprudencia, Mario Urrea alega que la CHS es un organismo autónomo adscrito a la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica que «no está sometido a control parlamentario autonómico». Y la negativa se produce pese a reconocer el impacto que tuvo el temporal y la repercusión de las actuaciones de la CHS. Fuentes de las Cortes manifestaron ayer que la justificación «se ajusta a la ley» ya que un directivo de estas características solo está obligado a comparecer ante una comisión de investigación donde se pueden dirimir causas penales pero mostraron su malestar por la actitud de un alto cargo con sueldo público.
