Ni una sola factura justifica la asignación de dinero público que el grupo popular de la Diputación de Alicante ha transferido durante los últimos cuatro años a la cuenta provincial del Partido Popular. Son exactamente 466.000 euros en el mandato. Casi medio millón de euros que el partido ha recibido sin poder ser fiscalizados por los grupos de la oposición. El Palacio Provincial acogerá el próximo martes una comisión extraordinaria de las dotaciones de los grupos políticos con un único punto para dar carpetazo al mandato antes de arrancar la nueva corporación: la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 28 de noviembre de 2018. Era la última oportunidad que el PP tenía de acreditar si esos gastos terminaron repercutiendo en la actividad de los populares en la institución. Sin embargo, el equipo de César Sánchez ha evitado presentar facturas y a tan solo unos días del inicio del nuevo mandato y de la investidura de Carlos Mazón como presidente en virtud del acuerdo alcanzado con Ciudadanos, el PP siguen sin dar a conocer públicamente a qué dedica la asignación que viene recibiendo desde el año 2015 de la Diputación.
Durante los últimos años, la acreditación de las ayudas que recibía el PP como dotación del grupo se ha limitado a un certificado trimestral firmado por el vicepresidente Eduardo Dolón, también secretario provincial de partido y ahora mismo presidente tras la marcha de José Císcar, en el que ratifica que el grupo transfirió mediante un cheque las cantidades de dinero a actuaciones conjuntas realizadas por el partido y que corresponde a gastos indivisibles. Para justificar el dinero recibido por el grupo popular de la Diputación Provincial, el PP emitió esta certificación pero sin aportar ningún tipo de documentación. Compromís ha denunciado en multitud de ocasiones su disconformidad con los informes presentados y ha exigido garantizar con facturas el importe de lo aportado, acatando así la ordenanza de la institución, que obliga a que todo grupo político que derive a su partido parte de su asignación presupuestaria lo haga justificando un gasto conjunto durante el año en curso.
Con ese fin se creó en 2017 la comisión de fiscalización que se celebrará el martes, un órgano informativo que pretende someter al control de Intervención la contabilidad de cada grupo y que cada partido refleje la totalidad de su transacción. De hecho, excepto el PP, todos los grupos políticos se comprometieron a emitir un informe que pudiera llevarse al pleno para el conocimiento de la corporación y así poder valorar si existían irregularidades. Cada uno de los grupos provinciales ha ido entregando sus facturas para que fueran fiscalizadas, llegando incluso a subsanar cuestiones que reclamaba Intervención. Sin embargo, el PP ha visto pasar por delante toda esta situación y se justificó en que no iba a acreditar estos gastos porque era el Tribunal de Cuentas quien lo fiscalizaba. Solo en 2015 y 2016, el departamento de Intervención de la Diputación detectó en las cuentas del grupo del PP 195.000 euros que se transfirieron al partido sin poder averiguar que estos gastos terminaran repercutiendo en la actividad popular en la institución.
Cuantía para cada partido
La asignación a los grupos políticos de la Diputación se multiplicó por cuatro al inicio de este mandato, en 2015, con los votos a favor del PP y PSOE. Los partidos recibían en total más de medio millón de euros anuales para sus gastos, de los que alrededor de 214.000 eran para el grupo popular; 163.000 para el PSOE; 62.848 euros para Compromís y 37.600 para EU, mientras que el diputado tránsfuga Fernando Sepulcre no tenía asignación tras abandonar Cs, formación por la que llegó al Palacio Provincial. A partir de 2017 y tras las críticas de Compromís y EU, se aceptó una reducción del 40%, por los que el PP siguió recibiendo 128.000 euros.
El Reglamento Orgánico sobre dotación económica permite este tipo de transferencias, si bien, se prevé que las mismas estén condicionadas a la realización gastos conjuntos realizados por el grupo local y el partido, algo que no se ha justificado. Mientras el PP ha defendido que ha cumplido con lo establecido en la ley, la oposición ha denunciado la «poca transparencia del PP» en una comisión que fue creada para ello con sus votos.
«La contabilidad interna ya la fiscaliza el Tribunal de Cuentas», dice Adrián Ballester
El diputado provincial y presidente de la comisión para la fiscalización de las dotaciones de los grupos políticos, Adrián Ballester, explicó ayer a este medio que las transferencias que se han realizado al partido político son legales y otros grupos políticos, como Compromís, también lo hacen en las Cortes Valencianas. El futuro portavoz del PP en la institución provincial manifestó que el PP «justifica todas sus facturas», aunque aclaró que no informa de la contabilidad interna del partido porque «ya es fiscalizada por el Tribunal de Cuentas». El presidente de la Diputación no quiso hacer declaraciones sobre este tema y fuentes cercanas se limitaron a reiterar que en el orden del día de la comisión del próximo martes sólo está la aprobación del acta de la asamblea anterior «cumpliendo con lo establecido en la ley».
