29 de noviembre de 2018
29.11.2018

El PP se niega a justificar 195.000 euros que traspasó del grupo en la Diputación al partido

Con la colaboración del tránsfuga Sepulcre, los populares rechazan presentar las facturas de gasto en la comisión provincial que investiga las cuentas de cada formación y el destino del dinero público asignado

29.11.2018 | 00:13
Una imagen del grupo provincial del PP. En primera fila, Adrián Ballester y Carlos Castillo.

El PP se niega a justificar todas las facturas que se han pagado con los 195.000 euros que le correspondían como parte de su aportación para el funcionamiento del grupo en la Diputación durante año y medio -desde el arranque de este mandato a finales de 2016- y que se traspasaron directamente a las cuentas del partido, como se certificó en la comisión provincial que analiza la contabilidad de cada una de las formaciones. La operación no supone un incumplimiento de la legalidad pero, desde luego, si queda lejos de la política de transparencia que abandera el presidente de la Diputación, César Sán chez, que se ocupa precisamente de esa área en la dirección nacional del PP que encabeza Pablo Casado. Los populares aseguran que disponen de todas las facturas pero que rechazan entregarlas por dos motivos: las cantidades ya han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas en Madrid y la Intervención de la Diputación tampoco les obliga a presentarlas.

La reunión de la comisión se celebró ayer en medio de una fuerte tensión con ataques, especialmente, entre el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, y el vicepresidente primero de la Diputación y secretario general del PP, Eduardo Dolón. Los grupos analizaron los informes correspondientes a las subvenciones que recibieron entre mediados de 2015, cuando arrancó este mandato, y finales de 2016. Junto a cuestiones muy menores y de cuantías reducidas que afectan a todos los grupos como la facturación de publicidad tecnológica o de las suscripciones a medios de comunicación, uno de los asuntos más importantes, sin duda, es la justificación de las cantidades que el PP traspasó directamente desde el grupo en la Diputación a las cuentas del partido en vísperas de un calendario de elecciones generales. Una práctica que es legal pero de la que la oposición entiende que, como mínimo, se tiene que rendir cuentas.

En total fueron los mencionados 195.000 euros. Ningún grupo recibe tanto dinero como el PP ni tampoco ninguno realizó una aportación directa de este calibre a su partido. Nadie, por tanto, maneja una cantidad de dinero público tan alta como los populares que, casi en su totalidad, la envían al partido, una formación necesitada de ingresos después del varapalo electoral de 2015 que rebajó notablemente la financiación con la que contaban. Finalmente se votaron tres propuestas de resolución. Los grupos respaldaron por unanimidad darse un plazo hasta el 15 de enero para subsanar los errores de las cuentas de 2015 y 2016 además de marcar también esa fecha como plazo límite para presentar la contabilidad correspondiente al año pasado.

La polémica estalló cuando Fullana, junto a la diputada de EU, Raquel Pérez, pusieron sobre la mesa que al igual que el resto de grupos intentan presentar todas sus facturas y se arriesgan a los reparos por fallos contables, el hecho de transferir el dinero de la asignación del grupo al partido no puede eximir al PP de detallar el destino de esas cantidades que corresponden a dinero público de la Diputación. Con la ayuda del tránsfuga Fernando Sepulcre que se abstuvo y que trata de pasar desapercibido para que el asunto acabe salpicando a Ciudadanos, los populares votaron en contra y, por tanto, se acabaron negando a esa posibilidad.

El responsable de la comisión, vicrepresidente del equipo de gobierno del PP y diputado de Transparencia, Adrián Ballester, confirmó efectivamente la negativa de su grupo pero aseguró que tienen todas y cada una de las facturas aunque rechaza presentarlas al no reclamarlas la Intervención de la Diputación. El dinero, explicó Ballester, se transfirió a Génova a la que el Tribunal de Cuentas, como tiene un único CIF, audita de forma global. Con ello, entienden en el PP, quedan justificadas las cantidades que el grupo provincial desvió a las cuentas del partido. El informe, efectivamente, asegura que la incorporación se hizo correctamente pero no se justifica ningún gasto.

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