Abocados a asumir unos hechos que vienen negando desde que en noviembre de 2013 se les detuvo y encarceló por ellos y a abonar unas contraprestaciones para las que aseguran no disponer de posibles. Todo ello si no quieren jugarse volver a prisión. Es la tesitura en la que los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó han colocado a los exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Daniel Gil, sus otrora socios en los negocios que financiados por la caja pusieron en marcha en el Caribe a través de la mercantil Valfensal y, ahora, compañeros de banquillo en el proceso que por estas operaciones inmobiliarias está previsto que comience el lunes en la Audiencia Nacional.
Un juicio al que los hoteleros llegan con una conformidad bajo el brazo que les garantiza que no pisarán la cárcel (Anticorrupción pedía inicialmente 22 años para cada uno de ellos por administración desleal y seis delitos fiscales y han cerrado un pacto en cuanto al primer cargo y a punto están de rubricar el relativo a los otros seis) pero que deja en una situación más que delicada, a los pies de los caballos, a los exejecutivos de la CAM encausados. Entre ellos se encuentran también otros exmandos como el exresponsable del negocio hotelero de la entidad César Véliz o Vicente Sánchez, director entre los años 2006 y 2011 de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la filial de la caja con la que se creó Valfensal en sociedad con los empresarios de Benidorm.
Para cerrar el acuerdo los hoteleros no solo han admitido que recibieron créditos irregulares de la entidad sino que ya han abonado más de 12,5 millones para reparar el daño causado. Un quebranto cifrado por el Banco de España en 28 millones y del que la Fiscalía sostiene que tiene que ser resarcido el Fondo de Garantía de Depósitos, quien saneó la CAM antes de su venta al Sabadell y que también está personado en este proceso como acusación particular.
Los que reciben y los que dan
Y si Valfensal obtuvo esa financiación irregular donde el control y la rentabilidad para la caja de las operaciones que costeaba brillaban por su ausencia, según mantienen las acusaciones y han admitido los hoteleros, es porque la CAM (léase López Abad y Gil) lo posibilitaron. Una afirmación que ha puesto patas arriba su estrategia de defensa apenas quince días antes del comienzo la vista oral, lo que ha complicado la capacidad de reacción además de provocar un profundo rechazo hacia las maniobras de Ferri y Baldó, a los que acusan de «pensar solo en ellos».
Tanto es así que varios de los encausados (entre los que también está el último expresidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, y tres consejeros que formaban parte de este órgano, uno de ellos el asesor fiscal del exministro Eduardo Zaplana implicado junto a él en la operación Erial, Francisco Grau) ha manifestado ya ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgará este caso sus objeciones a un acuerdo que, argumentan, para que pudiera dar lugar a una sentencia de conformidad en los términos pactados se tenía que haber rubricado con todos los acusados, lo que de momento no ha ocurrido.
Una conformidad consensuada entre los empresarios, la acusación pública, la Abogacía del Estado y el Fondo que, como replica uno de los acusados ante el tribunal, «se ha ocultado a las partes haciendo creer a todos que se iba transar un acuerdo solo por el delito fiscal cuando el pacto realmente alcanzaba la totalidad de las acusaciones dirigidas contra ellos, lo que constituye un claro fraude procesal». Y todo ello, agrega, «a menos de una semana y media del inicio de las sesiones (...) lo que nos sitúa en una posición de indefensión en la que no deberíamos estar, con la necesidad de recomponer la prueba solicitada y replantear en su caso la defensa».
A expensas de que se pudiera alcanzar también una conformidad con los exdirectivos de la caja que les evitara arriesgarse a ser condenados a los cuatro años de prisión que se les reclaman por un delito de administración desleal (posibilidad que aunque en principio parecía no contemplarse lo cierto es que no está descartada), la defensas plantean al tribunal que «la vista debe celebrarse y la sentencia, basarse respecto a todos los acusados en la prueba practicada». Un planteamiento sobre el que los magistrados deben pronunciarse el primer día de un juicio sobre el que a solo cinco días de que comience no se puede aventurar cómo discurrirá.
