Un paseo por las nubes. Es lo que será para los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó el juicio por los negocios que montaron con la CAM en el Caribe, cuyo inicio está fijado para el próximo 1 de julio en la Audiencia Nacional. Una causa en la que cada uno de ellos se enfrentaba a una petición de 22 años de prisión por seis delitos fiscales y uno de administración desleal, y de la que todo apunta que se librarán tras conformarse con los hechos que les imputan y reparar el daño causado, como ya han comenzado a hacer.
A falta de cerrarse las negociaciones que desde hace meses mantienen con la Agencia Tributaria sobre los delitos fiscales -quieren alcanzar un acuerdo que les evite sentarse en el banquillo a cambio de abonar una cantidad, aún en discusión, por lo presuntamente defraudado, unos 11,6 millones-, los otrora aliados empresariales de la CAM acaban de asumir los hechos de los que les acusa la Fiscalía en cuanto a la administración desleal. Es decir, que en connivencia con los exdirectivos de la caja recibieron créditos para instalaciones hoteleras en México y la República Dominicana que en otras circunstancias nunca habrían obtenido.
Anticorrupción sostiene que el exdirector general de la caja Roberto López Abad y el exdirector de Empresas Daniel Gil, también acusados de administración desleal en este proceso, utilizaron Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la participada de la CAM con la que se asociaron con Ferri y Baldó en Valfensal, para conceder préstamos a esta mercantil «que de otra manera no hubiera podido ser al no cumplir los requisitos requeridos por la CAM para ello», y que «en condiciones normales no se hubieran otorgado, beneficiando así a los empresarios». La fiscal mantiene que «los cuatro acusados decidían las operaciones que iba a efectuar Valfensal y los préstamos que debían ser autorizados», unas actuaciones que venían «avaladas» por los exdirectivos de la caja encausados «que daban el visto bueno sin analizarlas en profundidad y no cumplimentando los requisitos exigibles».
Además de aceptar este relato, como prueba de su asunción de responsabilidad los hoteleros ya han abonado 12,5 millones para tapar parte del agujero que estas operaciones habrían provocado en la caja de ahorros y que el Banco de España y las acusaciones cuantifican en 28 millones. Un quebranto que acabó asumiendo el Fondo de Garantía de Depósitos, considerado perjudicado y quien ahora será indemnizado.
De solventar el resto del daño se encargaría la aseguradora Caser en virtud de la póliza de responsabilidad civil suscrita para los exdirectivos de la caja López Abad y Gil, también acusados de administración desleal en esta causa (por lo que se piden cuatro años de cárcel para cada uno) y a quienes sus exsocios han colocado en una situación delicada al admitir el relato de los hechos de Anticorrupción, que ellos han negado desde el principio de una instrucción judicial que se remonta a hace más de un lustro.
Con su acuerdo con la acusación pública Ferri y Baldó han conseguido no solo que la petición de pena por la administración desleal quede reducida a seis meses, lo que les libra de la prisión que se jugaban de haberse mantenido los cuatro años iniciales, y dejar fuera del proceso a uno de sus empleados, Francisco Climent, para quien se reclamaban doce años de cárcel, sino garantizarse que se evitarán la vista oral dado que los flecos que quedan para cerrar el acuerdo con Hacienda en cuanto a los delitos fiscales son mínimos.
Para lograr esta rebaja la Fiscalía se apoya en las atenuantes de reparación del daño y confesión de los hechos antes del juicio. De no alcanzarse también una conformidad en el caso de los exdirectivos de la CAM, el juicio se celebraría contra ellos, además de para otros dos exresponsables de TIP -Vicente Sánchez y César Véliz- y varios ex miembros de la comisión de control de la caja a los que sólo acusa el Fondo de Garantía.
