Después de las relaciones con la CAM le toca ahora el turno a las que mantuvieron con Bancaja y el Banco de Valencia, entidades que en su día pugnaron por hacer negocios con los hoteleros de Benidorm Juan Ferri y José Baldó al otro lado del Atlántico. Una aventura empresarial por la que ayer el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó la apertura de juicio oral a los dos hoteleros, al exjefe del Consell y de Bancaja, José Luis Olivas, así como a la última cúpula de la caja y del Banco de Valencia, de la que formaban parte Domingo Parra y Aurelio Izquierdo entre otros, hasta sumar un total de 48 acusados.
Un proceso en que se solicitan penas que van de los dos a los doce años de prisión doce años de prisión por los delitos de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales, cargo este último por el que se reclaman multas millonarias. El magistrado impone además fianzas que suman en total más de 1.437 millones en concepto de responsabilidad civil.
Para Ferri y Baldó, propietarios de varios complejos hoteleros en el Caribe y en España, la Fiscalía Anticorrupción reclama 12 años de prisión (seis por apropiación indebida y otros tantos por blanqueo) además de sendas multas que superan los 88 millones, el comiso de las cantidades blanqueadas y la inhabilitación durante tres años para ejercer cualquier actividad relacionada con los servicios hoteleros.
Una petición que se suma a los 22 años de cárcel que otra fiscal solicita para los dos empresarios por los negocios que montaron también en el Caribe mexicano con la CAM a través de Valfensal, la mercantil en la que se asociaron con la caja de ahorros. Al procedimiento solo le falta que se señale la fecha en que se celebrará la vista oral y en él están también acusados, entre otros, los exdirectivos de la entidad Roberto López Abad y Daniel Gil.
«Sin racionalidad económica»
La instructora de las actuaciones abiertas por los negocios de los empresarios con Bancaja y el Banco de Valencia, la magistrada Carmen Lamela, cifra en 750 millones el quebranto económico por la inversión llevada a cabo por ambas entidades en el Grupo Grand Coral cuya propiedad compartían, un dinero que se habría perdido en su totalidad.
Los peritos designados por el Banco de España detectaron numerosas irregularidades, así como que parte de las inversiones fueron aprobadas sin ningún criterio de racionalidad económica.
En cuanto al exjefe del Consell, para quien la Fiscalía pide 6 años de prisión y 18.000 euros de multa por el un delito de apropiación indebida, Lamela concluyó que Olivas conoció y alentó las inversiones que las entidades que presidía realizaron en Grand Coral, a pesar de que lastraban a ambos bancos y a que suponían «un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó». De tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato recibido, pagaron a Olivas hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio, según los investigadores.
El auto por el que se puso fin a la instrucción recogía que entre los años 2005 y 2009 Bancaja y el Banco de Valencia participaron en varias inversiones inmobiliarias en México formando parte del llamado Grupo del que formaban parte también otros socios externos, inversiones que eran muy diversas y de «enorme magnitud económica». La magistrada se apoyó en los informes de los peritos judiciales para aseverar que las dos entidades fueron los socios «financiadores», mientras que los socios externos eran accionistas denominados «promotores-gestores». En el auto por el que se procesaba a los investigados se afirmaba que «los máximos responsables de Bancaja y del Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado» a los empresarios Ferri, Baldó y Juan Poch (para quien se pide la misma pena que para los otros hoteleros) en detrimento de las entidades bancarias.
Entre las operaciones sospechosas, la juez citaba el proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que los empresarios obtuvieron una plusvalía injustificada de 138.8 millones, que financiaron Bancaja y el Banco de Valencia y que se transfirieron a sus cuentas de Andorra.
La juez señalaba que los máximos dirigentes de las entidades «permitieron en unos casos y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco y que se detectó también una presunta operativa de blanqueo a través de cuentas en Andorra controladas por Izquierdo y Parra que gestionaban tanto cuentas propias, como la conocida como Summerville en la que se recibió la «injustificable plusvalía» de la operación antes citada que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo,Parra, Ferri, Baldó y Poch.
En el proceso están también personadas como acusación la Abogacía del Estado, Bankia Habitat y Banco de Valencia (Caixabank). El juez da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus escritos de conformidad o disconformidad y señala a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento.
