El Ayuntamiento de Monforte del Cid no tendrá que pagar a la Entidad de Suelo Estatal (SEPES) los 12,2 millones de euros que le reclamaba por la fallida urbanización industrial del polígono Walaig. El fallo del Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Consistorio monfortino a indemnizar únicamente al SEPES con 433.000 euros por la pérdida del valor del suelo que ha sufrido como propietario del terreno desde el año 1990, así como por los proyectos que redactó para poder desarrollar un polígono que se quedó a medio urbanizar. La resolución del TSJ aborda, por tanto, las tres sentencias acumuladas en torno a un solo proceso judicial que se remonta 14 años atrás.
La buena noticia para el Ayuntamiento llega este verano tras la reciente victoria obtenida a finales de 2019, en otro contencioso que mantenía con Intersa Levante, y en el que fue condenado al pago de otros 11 millones de euros en primera instancia. Pero esa cantidad se redujo finalmente a 28.000 euros tal y como ratificó el propio Supremo en una sentencia adelantada por este diario.
Para la alcaldesa de Monforte, María Dolores Berenguer, de IU, «el nuevo fallo judicial supone un antes y un después en la historia reciente de la localidad. Hemos luchado contra viento y marea. Nuestras posibilidades de ganar eran de una entre un millón pero gracias a nuestro equipo jurídico, con Fernando Mullor como secretario a la cabeza en aquel entonces, hemos podido salir de una pesadilla que ha durado demasiados años». La alcaldesa reconoce «que la sentencia favorable no hubiera sido posible sin el cambio de letrado y la gran labor del propio Mullor, que ha ganado el caso tras personarse como letrado sin cobrar ningún extra al Ayuntamiento, ahorrándonos así más de 200.000 euros. Monforte le debe mucho ya que nos ha salvado de pagar más de 23 millones de euros, lo que significaría tres años de presupuestos municipales completos para poder hacer frente a las dos sentencias». Por todo ello Berenguer no descarta emprender acciones contra el anterior letrado. «Tenemos pruebas de una posible mala praxis y de una presunta dejación de su obligación de defender los intereses del Ayuntamiento de forma diligente», afirma la alcaldesa.
La nueva sentencia disecciona a la perfección todos los «desmanes» cometidos desde 2006 hasta ahora. Deslegítima la capacidad del SEPES para pedir las indemnizaciones ya que, según apunta el TSJ, la Entidad Estatal nunca fue agente urbanizador ni se presentó a licitación alguna en el polígono Walaig. Además en el Registro de la Propiedad constan 92 parcelas a su nombre y está como acreedor en la masa concursal de Intersa Levante, que se encuentra en concurso de acreedores. Por otro lado condena a esta última mercantil a pagar al SEPES 3,2 millones en concepto de pérdida de suelo.
El alto tribunal también se muestra muy crítico con la inacción del Ayuntamiento desde 2010 y dice, textualmente, que «el Consistorio no ha realizado el menor intento de reajustar el espacio urbanístico a través de elementos normativos o de gestión que, de alguna manera, pusiesen remedio al caos producido».
Nueva etapa
«Esto abre una serie de posibilidades futuras increíbles para Monforte. Hemos encargado un informe para determinar cuál es el camino a seguir desde hoy. Por el momento queremos ser prudentes y continuar nuestro diálogo con el SEPES aunque ahora sin una espada de Damocles de 12 millones encima de las cabezas de los monfortinos», señala la primer edil. El gobierno de IU quiere abrir una nueva etapa de conversaciones, de igual a igual, para desarrollar el polígono de la mejor manera. «Ya hemos estado 30 años dando bandazos. Ahora toca trabajar y llegar a acuerdos para garantizar el futuro industrial de Monforte y generar empleo», concluye.
