02 de junio de 2010
02.06.2010
Monforte del Cid

El TSJ anula el polígono de Walaig con  más de la mitad del proyecto urbanizado

Las obras podrían paralizarse si el Sepes pide la ejecución de la sentencia, lo que afectaría a cien empresas con reserva de suelo

02.06.2010 | 02:00
Las obras en el polígono Walaig de Monforte se encontraban paradas en la tarde de ayer.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha dado la razón a Sepes -Entidad Estatal de Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda- al anular el Programa de Actuación Integrada (PAI) del polígono industrial de Walaig aprobado por el Ayuntamiento de Monforte así como la adjudicación de las obras de urbanización a la firma Intersa Levante por 24,3 millones de euros. La vulneración de los principios de publicidad y concurrencia dispuestos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas es la razón en la que ha fundamentado su decisión el TSJ. Una medida que afecta al centenar de empresas que ya han reservado suelo en Walaig y especialmente a la firma Azkar, que en febrero anunció su intención de instalar su centro logístico provincial en una manzana de 51.000 metros dentro de esta nueva zona industrial pegada a la autovía de Madrid y de 1,5 millones de metros cuadrados.
Esta sentencia es la tercera decisión judicial sobre este asunto que da la razón a Sepes. Ya en 2007, el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Alicante declaró nulo el PAI aprobado en 2006 por el pleno del Ayuntamiento, -en el que el PP goza de mayoría absoluta-, condenando al Consistorio por no respetar los acuerdos previos.
El Ayuntamiento recurrió el fallo pero con idéntico resultado. Ahora, por tercera vez y de forma inapelable dado que contra esta sentencia no cabe recurso, la Justicia da la razón a Sepes y declara nulos tanto la aprobación del PAI como la adjudicación de las obras.
El director general de Sepes, Félix Arias, ha subrayado la importancia de este fallo judicial que anula la decisión municipal de desistir unilateralmente de los convenios previos firmados con Sepes.

Stop a la venta de parcelas
Las obras de urbanización comenzaron hace dos años y ahora que están a un 60% de ejecución podrían paralizarse ya que Sepes tiene previsto solicitar la ejecución inmediata de la sentencia. También ha recurrido el Proyecto de Reparcelación del PAI y estudia ahora pedir cautelarmente la anotación preventiva de la sentencia en dicho proceso, lo que supondría de facto la paralización de cualquier proceso de venta de parcelas. A pesar de ello, Arias quiere abrir un proceso negociador con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo que garantice el desarrollo del polígono y no retrase su puesta en funcionamiento en exceso con el objetivo de facilitar la creación de empleo y crecimiento económico en el Vinalopó. En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento, propuso el desarrollo de la actuación (casi en su totalidad, terrenos que eran propiedad del Estado) en un proceso que terminó en 2003 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo. Pero en 2004, el Ayuntamiento ignoró los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de la obra, iniciando unilateralmente un proceso urbanístico que, como han venido señalando la Justicia, no se ajustó a derecho.

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