Las organizaciones agrarias y los alcaldes de los siete municipios productores de uva de mesa embolsada del Vinalopó -Novelda, Monforte del Cid, Aspe, La Romana, Hondón de las Nieves, Agost y Hondón de los Frailes cuyo primer edil no ha podido asistir- han firmado esta mañana un manifiesto reivindicativo para denunciar los factores que están hundiendo un cultivo tradicional que da trabajo a 13.000 personas de forma directa y factura 33 millones de euros anuales.
El sector exige a los poderes públicos soluciones ante el desorbitado precio del seguro agrario, la falta de agua de calidad por el bloqueo del trasvase del Júcar-Vinalopó y la discriminación que suponen los módulos del IRPF.
El acto se ha desarrollado esta mañana en la Cooperativa Agrícola de Monforte del Cid en presencia de numerosos agricultores. La mesa de crisis constituida formalmente se reunirá el próximo martes 28 de enero para acordar las primeras medidas de presión que se llevarán a cabo el 28 de febrero.
"Precios y seguros justos para la uva de mesa del Vinalopó. ¡Sin agricultura de nuestros pueblos se hunden!" es el lema de una campaña a la que también se han sumado el Consejo Regulador de la DO Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, los sindicatos agrarios Asaja y La Unió, la asociaciones profesionales, cooperativas agrarias y la Federación Provincial de Empresarios Hortofrutícolas.Equilibro en los precios del seguro
Ante esta situación, que alcaldes y representantes del sector ya trasladaron el pasado noviembre tanto al Ministerio como a Conselleria de Agricultura, exigen a ENESA que “retome las riendas” para coordinar y restablecer el equilibrio que permita el correcto funcionamiento de los seguros agrarios, “frene el aspecto mercantilista y el abuso del monopolio” por parte de Agroseguro y adopte medidas urgentes para restablecer unos precios viables y asequibles para los productores, retornando a las condiciones y normativa del plan 2018. Además el documento, abierto a recibir el apoyo de asociaciones, colectivos, entidades e instituciones que se quieran implicar en la defensa de la uva de mesa embolsada, también reivindica una línea de subvenciones adicionales que compense el “inaccesible incremento” de las primas de seguro, con nuevos criterios de concesión para impulsar las contrataciones y la implementación de medidas correctoras en el plan 2020 de uva de mesa.
El trasvase del Júcar-Vinalopó
La mesa de crisis reivindica igualmente el desbloqueo de la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó, paralizado desde hace 14 años años, como única solución para acabar con la “inseguridad e incertidumbre” del sector con respecto a la disponibilidad de recursos hídricos para el riego y la necesidad de “reducir de forma permanente” de 0,32 a 0,20 el módulo de tributación del IRPF para acabar con el “agravio comparativo” que padecen las técnicas de cultivo tradicionales amparadas por la Denominación de Origen Protegida, que “son las que aseguran la calidad del producto”.
Pervivencia de los pueblos
Con la firma de este manifiesto, primera de las acciones programadas por la mesa de crisis, que tiene previsto realizar otro tipo de movilizaciones el 28 de febero, los alcaldes de los municipios productores de uva de mesa embolsada y representantes del sector pretenden visibilizar y reivindicar soluciones para la complicada situación que atraviesa la uva de mesa embolsada en el Valle del Vinalopó, cuyos elevados costes de producción, incrementados sobremanera por las continuadas subidas en los precios de los seguros y agravados por la carestía y escasez del agua, están poniendo en peligro la permanencia y viabilidad de un cultivo histórico y artesanal en la zona, cuya producción representa casi el 80% del total de la Comunidad Valenciana y del que dependen doce mil puestos de trabajo, de los que diez mil son directos (agricultores, manipuladores y exportadores) y alrededor de dos mil indirectos (empresas de maquinaria, sistemas de riego, fitosanitarios, etc) que, en caso de desaparecer, causaría en la comarca un daño económico, social y medioambiental irreparable que podría afectar, incluso, a la pervivencia de los pueblos.
Ley de Precios Mínimos
Entre las principales exigencias para la viabilidad inmediata del sector figuran: un seguro agrario accesible, por lo que pedimos que se estudie la posibilidad de corregir las medidas en el Plan Anual 2020 y aplicar la normativa del 2018; el precio inasumible del agua, ya que la ausencia de compromiso en lo relativo al trasvase del Júcar-Vinalopó ha generado que, tras 14 años desde que se inició la conducción, éste siga bloqueado en Madrid; la necesidad de reducir de forma permanente el módulo de tributación IRPF del 0,32 al 0,20, ya que ahora, a los elevados costos de producción habrá que sumarle la subida del salario mínimo interprofesional, que mermará más si cabe cualquier posibilidad de rentabilidad; y los precios mínimos en origen. “Por supuesto, no nos oponemos a que se incremente el SMI, pero esa medida debe ir acompañada de una Ley de Precios Mínimos similar a la que se aprobó en el año 2018 en Francia y trabajar en la línea de garantizar la rentabilidad de los productores en origen. Es de justicia lo que estamos pidiendo, pues los agricultores y productores de uva de mesa también tenemos derecho a un SMI y a sentirnos retribuidos por nuestro trabajo. Por ello, reivindicamos precios justos que no permitan impulsar y no abandonar la agricultura y el cultivo de uva de mesa”, denuncia Eladio Aniorte, presidente de Asaja-Alicante.
