El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha ganado el recurso de apelación a la sentencia que le condenaba a pagar una indemnización de 10,7 millones de euros en favor de la mercantil Intersa Levante, la empresa adjudicataria de las obras de urbanización del paralizado polígono industrial Walaig. Como ya publicó este diario en diciembre de 2017, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2, sacudió a la opinión pública monfortina por una condena que superaba con creces el presupuesto total del municipio, que este año asciende a 8,3 millones.
En la resolución judicial se pretendía que el Ayuntamiento monfortino asumiera los gastos de la obra ejecutada, la redacción de los proyectos, el coste de los avales, la pérdida del beneficio industrial no cobrado y las costas judiciales del proceso. La cantidad definitiva derivada del capital principal objeto de la demanda habrían generado un montante adicional de 3,5 millones aplicando el tipo legal medio desde 2006; y las costas, según fuentes consultadas por este diario, hubieran alcanzado los 231.000 euros.
La demanda se presentó en 2011 pero el gobierno municipal que forman EU, PSOE y dos concejales No Adscritos, no tuvo conocimiento hasta que la sentencia estuvo a punto de arruinar a la población en 2017, ya que, según han indicado los responsables municipales, ni el letrado encargado del caso ni el anterior gobierno del PP avisaron de que este proceso estaba en marcha. En ese momento, los servicios jurídicos del Ayuntamiento tomaron las riendas del pleito, con apenas unos días para recurrir. El propio secretario de la Corporación monfortina desde 2016, José Fernando Mullor, se personó como letrado para representar los intereses municipales en el juicio como experto en Derecho Urbanístico y Administrativo. Su recurso ha sido tenido en cuenta por el tribunal y Monforte del Cid solo tendrá que abonar 28.000 euros frente a los 10,7 millones que pedía la mercantil urbanizadora. Una decisión que la sentencia basa en tres motivos. Por un lado no ha lugar a tal indemnización puesto que la mercantil ya se quedó con el 54% del suelo de SEPES en pago por los costes de urbanización, hipotecándolas por 18 millones y entrando en concurso de acreedores posteriormente. Además, en un escrito de 2016 la propia mercantil renunció a seis de los siete millones que reclamaba. El tribunal también expone la inejecutabilidad de las tres sentencias interpuestas por SEPES durante el mismo periodo, lo que vendría a demostrar que las obras siguieron ejecutándose.
Todo ello a pesar de la anulación judicial de la resolución del convenio con el SEPES de 1991, del plan parcial, de la adjudicación de la condición de urbanizador y de la reparcelación. Hechos que el actual gobierno local considera «gravísimos» si se hubiera dado el caso de una presunta connivencia del gobierno popular, permitiendo la continuidad de las obras mientras pagaba las certificaciones sin atender al SEPES ni a las tres sentencias contrarias.
Berenguer: «Al final lo negro se vuelve esperanza»
La actual alcaldesa María Dolores Berenguer, de EU, ha indicado exultante de satisfacción tras conocer la sentencia que «al final lo negro se vuelve esperanza». Para ella es «el resultado de una lucha incesante por sacar a Monforte del atolladero judicial, político y económico en el que nos sumió el PP. Y lo único que sé y que nos importa ahora -subraya- es que, desde hoy, Monforte del Cid debe 11 millones de euros menos por la buena gestión realizada» .
