El jefe del servicio municipal de Urbanismo de Elda asegura en su denuncia que, en una reunión celebrada el pasado 21 de junio, ya advirtió a la alcaldesa Adela Pedrosa de las irregularidades urbanísticas detectadas en la modificación sobre la regulación de los usos pormenorizados de los polígonos industriales Finca Lacy, Campo Alto y Torreta-Río. Una reunión en la que, según consta en el mismo documento, también acudió el concejal de Urbanismo, el secretario municipal y la interina redactora de la modificación.
Sin embargo, tal y como ha manifestado el propio Manuel Guill al juez, "se ha hecho caso omiso a mis denuncias, no procediendo a la rectificación ni subsanación de los múltiples errores y defectos existentes, a sabiendas de no estar ajustados a Derecho, estando en mi obligación de denunciar tales hechos ante los tribunales en mi condición de funcionario". Se refiere Guill en este caso al artículo 408 del Código Penal donde se establece que el funcionario que no persiga los delitos que conozca incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Del escrito judicial se desprende, asimismo, que el arquitecto jefe conoció la modificación del PGOU para la regulación de los usos pormenorizados de los polígonos a través de las obligatorias publicaciones en el BOE. De hecho, también ha informado al juez que tampoco se le ha dado traslado de las modificaciones puntuales del estadio Pepico Amat y de la regulación del uso hotelero, energía renovable y eliminación de residuos.
