El arquitecto jefe del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Elda, Manuel Guill, ha denunciado ante el juez una serie de irregularidades, errores y defectos en materia urbanística que, según afirma en su denuncia, han privado supuestamente a las arcas municipales de percibir unos ingresos superiores a los 120.000 euros.
El escrito, al que ha tenido acceso este diario, se presentó al mediodía de ayer en el Palacio de Justicia y guarda relación con la aprobación definitiva del expediente de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana respecto a los planes parciales de los polígonos industriales Campo Alto, Finca Lacy y Torreta-Río. El pleno se celebró el pasado 5 de abril, salió adelante con los votos mayoritarios del equipo de gobierno del PP y, a través de este cambio puntual del PGOU, se abrió la posibilidad legal de que las zonas industriales puedan acoger también actividades comerciales, deportivas, sanitarias y recreativas.
Pero, según recoge la denuncia que ya obra en poder del juez, la modificación del Plan General fue redactada y firmada por una arquitecto interina, atendiendo a un posible encargo del concejal de Urbanismo Vicente Amat, sin que el jefe del servicio, Manuel Guill, fuera informado de tal hecho a pesar de que, tal y como establece el Real Decreto que reglamenta el funcionamiento de las entidades locales, sólo a él le corresponde emitir el preceptivo informe sobre este expediente y, en caso de haberlo hecho, "hubiera podido variar la resolución final administrativa".
Beneficiados y perjudicados
El gabinete jurídico que ha presentado la denuncia en representación del arquitecto jefe de Urbanismo mantiene que el informe emitido no se ajusta a derecho, existiendo además un supuesto incumplimiento de la Ley Estatal de Suelo por cuanto "la modificación aprobada ha olvidado, no sabemos con que intención, que al otorgar nuevos usos de mayor valor a las antiguas parcelas industriales éstas aumentan el valor y generan nuevas plusvalías, que el propietario va a patrimonializar vendiendo a mayor precio". Y ponen un sencillo ejemplo: no vale lo mismo una parcela en la que se puede construir una nave industrial que un hotel o un centro comercial. Por eso la ley establece en estos casos unas cesiones a la Administración que compensen dicho aumento de valor mediante las entregas de suelo o dinero. "Sin embargo -concluye la denuncia- aquí se han incumplido estas cesiones, privando al municipio de unos ingresos a cuenta de las plusvalías generadas por el nuevo uso, lo que sí que beneficia a ciertos propietarios".
La Ley Urbanística Valenciana fija para las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano que el porcentaje de cesión se sitúe siempre por encima del 5% del aprovechamiento tipo lo que, a juicio de la parte denunciante, ha hecho que las arcas municipales hayan dejado de ingresar una cantidad superior a los 120.000 euros. Hecho que, en caso de ser cierto, va en beneficio de los propietarios y en perjuicio de la Hacienda Pública Local. Pero hay más. Se informa igualmente al instructor de que el expediente urbanístico aprobado por el equipo popular carece de un informe o memoria de sostenibilidad económica al que obliga la ley. Tampoco se ha hecho constar, y es igualmente preceptivo atendiendo a la Ley del Suelo, detallar la identidad de los propietarios y titulares de derechos reales sobre las fincas afectadas en los cinco años anteriores a la iniciación del cambio de uso. En la denuncia se advierte finalmente del supuesto incumplimiento de la normativa sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Estudio que el Ayuntamiento ha omitido. En virtud de todo ello se solicita al juez que proceda a la averiguación de los hechos y, si así procede, enjuicie a las personas implicadas en los mismos si de sus acciones pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad penal.
