El abogado de José Manuel Medina, el exalcalde de Orihuela, para quien la Fiscalía pide 12 años de prisión por el presunto amaño en la contrata de basuras de Orihuela (el caso Brugal), defendió ayer la inocencia del expolítico asegurando que el único objetivo durante su gestión fue «garantizar al máximo la legalidad en torno al contrato del servicio» y que no alargó la adjudicación para beneficiar a Ángel Fenoll, principal investigado en esta causa, que estaba prestando el servicio sin contrato desde hacía años. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular -el propio Ayuntamiento de Orihuela-, sostienen que el regidor iba pidiendo un informe tras otro para evitar que se adjudicara el concurso y pudiera ir a parar a una empresa que no fuera la del empresario, pero el letrado defensor aseguró que el único fin de sus acciones era «garantizar la absoluta legalidad ante las continuas dudas» y polémicas que rodearon la contratación. Para ello, aludió a la «empatía del tribunal», para que «nos traslademos al año 2006, no al 2019, con 17 causas abiertas por la Fiscalía y una continua presión tanto por la prensa como por la oposición», para entender el porqué del encargo de todos estos informes que «salvaguardaran la legalidad del procedimiento».

El letrado, Germán Guillén, también señaló la presión que recibía Medina por parte de algunos de los implicados. Es el caso de un programa de televisión en un canal local en el que «le mataba a todas horas». Una tesis apoyada también en, dijo, «una de las conversaciones, en las que se llega a decir que hay que darle más hostias a Medina»- Una presión, a la que «no accedió en esas conversaciones se habla de que Medina no cumple el pacto, que había que ir a por él... Menos que ha aceptado un soborno, se ha dicho de todo», señaló.

Guillén también hizo multitud de referencias a la falta de pruebas que impliquen a Medina en el caso, puesto que en las grabaciones incautadas a Fenoll y en las escuchas telefónicas realizadas por los investigadores, «no aparece ni una sola vez», y las alusiones al exalcalde oriolano, «son a través de terceros». Además señaló que, en el caso de que esas grabaciones contuvieran hechos probatorios, a su juicio no son válidas debido a que se realizaron de forma irregular, ya que si «las autorizadas por un juez han sido declaradas nulas por vulnerar derechos fundamentales, ¿a un particular se le permite grabar conversaciones telefónicas?», señaló en referencia a las realizadas por Fenoll y encontradas por los agentes en los registros.

El letrado también quiso descargar responsabilidad en cuanto a la gestión del contrato de basuras, ya que «las competencias estaban delegadas en los responsables del área,en este caso Antonio Aniorte y Paz Chazarra, quienes estuvieron al frente de las mismas en el periodo que se juzga. Su participación en cualquier amaño entonces sería presionando a sus concejales y técnicos como alcalde. ¿Y qué han dicho concejales y técnicos en esta sala? Que nadie les había presionado, incluso un técnico aseguró que no había recibido presiones y que si alguien lo intentaba seguiría el camino equivocado. Paz Chazarra confirmó que los informes se pedían en aras de las transparencia». Por tanto, y «ante las numerosas dudas» pidió la absolución, ya que «en derecho penal cualquier duda es igual a la inocencia».