Pocas personas mejor que Gabriela Bravo, la consellera de Justicia, conocen la situación de falta de medios que sufren los tres partidos judiciales del sur de la provincia, que lo son también de la Comunitat: Elche, Torrevieja y Orihuela, donde hace años anidaron las investigaciones contra la corrupción al punto de colocar a Alicante como la provincia de España con más carga de asuntos de esta índole. Negociaciones prohibidas a los funcionarios, cohecho, prevaricación, malversación,... que han sido un caldo de cultivo que tiene, a día de hoy, 24 sumarios durmiendo el sueño de los justos en la sección VII de la Audiencia para desespero de la Fiscalía Anticorrupción. Un fiscal esta semana aseguraba, a preguntas de este diario, que el «más joven» de todos ellos se había abierto en 2014; es decir, que comenzó a investigarse hace ya cinco años; el resto son más antiguos, algunos instruidos hace más de una década y llevan dos o tres años a la espera de que se fije una fecha para el enjuiciamiento porque de ninguno se sabe a día de hoy cuándo se abrirá ante un tribunal, que, en algún caso, será ante un jurado popular. Entre todos, destacan las piezas separadas del caso Brugal, una de las cuales, la supuesta corrupción político-empresarial para dar la concesión del Plan Zonal de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, no se juzgará antes de 2021 porque el libro de señalamientos del año próximo ya está completo.
Y Gabriela Bravo es una de las personas que más sabe de todos porque antes de ser consellera fue vocal del Poder Judicial y visitó los juzgados de Orihuela, junto al también vocal Fernando de Rosas, quien fue conseller de Justicia en la Comunitat, y cuando acudían entonces a entrevistarse con decanos y fiscales ya se les informaba de este grave retraso motivado, principalmente, por la falta de medios e informaba de medidas para atajarlo. Por ello, cuando esta semana se le preguntó en Elche sobre el retraso en la puesta en marcha de órganos judiciales y la situación de la sección VII, que desde su creación ha funcionado como un embudo de todos los asuntos complejos, pues asumió alrededor del 30% de investigaciones penales de la provincia, no es extraño que contestara: «Elche tiene una dotación de órganos muy inferior» con respecto a Alicante, al tiempo que destacaba que ese déficit de jueces, fiscales, funcionarios y órganos judiciales en el partido judicial de Elche era una consecuencia de que «se encuentra mal dimensionado».
Lo hizo al tiempo que anunciaba la apertura del cuarto juzgado de lo Penal y el futuro desdoblamiento de la actual sección penal de la Audiencia, la 7, en dos. Fuentes judiciales consultadas por el diario coincidieron en señalar que partir una sección que tiene diez magistrados (siete de ellos titulares y tres como refuerzo) no resolverá el problema porque «lo que hacen falta son más manos».
Estadística
Y son 24 los sumarios pendientes de juicio porque existe una estadística precisa que solicita cada trimestre el Consejo General del Poder Judicial sobre esta cuestión: la corrupción, que ha sido durante los últimos años una de las principales causas de preocupación ciudadana.
Por cuestiones de secreto de sumario, el diario no ha conseguido saber de qué va cada uno de esosprocedimientos, aunque la mayoría ha nacido en los juzgados de Orihuela y Torrevieja, aunque también hay alguno de Elche. El retraso en el enjuiciamiento supondrá la aplicación de atenuantes de dilaciones indebidas para la mayoría de los acusados para el caso de ser condenados, según admiten con desesperanza desde la Fiscalía.
Pero, ¿por qué no se están juzgado a medida que llegan a esta fase final del procedimiento, la vista oral, ante la sección VII? Porque la sala no tiene capacidad para resolver por la acumulación de procedimientos y los criterios que utiliza para decidir qué asuntos tienen prioridad excluyen los de la corrupción sin que a día de hoy nadie haya dicho, ni en el TSJ ni el Poder Judicial, que esté mal. Y, por mucha sensación de alarma social que pueda dar a los ciudadanos el saber que políticos, supuestamente corruptos, o funcionarios, no se sientan cuanto antes en el banquillo, junto a los empresarios que se habrían beneficiado, la realidad es que la sección VII, que conoce de la complejidad de estas causas y de las semanas o meses que precisará para llevar a cabo la fase de enjuiciamiento, ha optado por fijar por delante las vistas con personas en prisión o de índole sexual al considerar que, por los derechos de unos -los que aguardan el juicio en la cárcel- y por la alarma social que despiertan los otros -los delitos sexuales-, tienen que resolverse antes y, además, son un número muy superior.
El plan de Fiscalía firma 130 conformidades pero choca con los asuntos más viejos
Cinco de cada seis acusados prefieren seguir esperando al juicio y no pagar ya la responsabilidad antes que llegar a un acuerdo supuestamente más beneficioso
La primera medida del nuevo fiscal jefe del destacamento de Elche, José Antonio Artieda, fue la de intentar desatascar la Audiencia, el órgano judicial de asuntos de mayor calado, en cuanto a penas, que hay en Elche. Lo puso en marcha con el plácet de todo el mundo, empezando por la Fiscalía General y por el Tribunal Superior de Justicia, que veían en ese largo millar de juicios pendientes una enorme montaña que, por muchos magistrados que se nombraran, como titulares o de refuerzo, nunca lograban reducir su tamaño. Así se adcribieron al plan dos fiscales expertos y se autorizó un refuerzo con otros dos para que los juzgados no se resintieran. La labor era, prácticamente, la de un ratón de biblioteca. Revisar asuntos de hace diez o doce años, donde no se sabía ni dónde estaban las víctimas o los acusados y sentarse con todos los abogados a negociar una sentencia de conformidad que, a cambio del pago de la responsabilidad civil, beneficiaba al acusado confeso con una pena menor. Era eso o seguir esperando.
Trabajo extenuante
Desde que el plan se puso en marcha se han firmado alrededor de 130 conformidades. Todo un éxito porque el trabajo ha sido extenuante pero, a medida que el trabajo avanzaba, los fiscales se iban dando cuenta que los abogados, eran cada vez más remisos a firmar acuerdos. Eso ha pasado en cinco de cada seis casos, afirman. Sus clientes llevaban cinco o diez años a la espera de juicio y de ser condenados, porque la evidencia de que eran culpables no admitía duda, y se les exigía con este plan el resarcimiento -el pago de las indemnizaciones- a cambio de una pena más baja de la inicialmente prevista. Y la inmensa mayoría no suponían el ingreso en prisión.
Letrados consultados por el periódico admitieron que los acuerdos que se planteaban eran buenos para sus clientes pero no tanto como seguir esperando que algún día se les citara a juicio. Es decir, firmar ahora o saber que dentro de dos, tres o cuatro años (algunos magistrados ya están señalando para 2023) tendrían que sentarse en el banquillo. «Era convencer al cliente de que pagara ya, cuando la mayoría no puede, o decirle que siguiera esperando a un juicio que nadie sabe cuándo llegaría y a dónde y en el cual, antes, también se puede llegar a un acuerdo porque también se le tendría en consideración esa atenuante por dilaciones indebidas, que es lo mismo que se les estaba ofreciendo ahora. El beneficio para él era más psicológico que otra cosa: acabar ya con ese asunto y seguir adelante con su vida».
Ante este bloqueo imprevisto que descubrieron, la Fiscalía acudió al TSJ y logró un interesante avance en su plan del que participaron los juzgados ilicitanos y los de la Vega Baja: intentar acuerdos en todos aquellos asuntos que aún no habían sido registrados ante la Audiencia; es decir, previo a su entrada en la sección VII que se presentaran ante esta ya con una conformidad. Todos salían ganando. Gracias a ello, las estadísticas han mejorado. A priori, está previsto que el plan contra el atasco continúe hasta el mes de octubre y que se pueda cerrar con unas 180 sentencias de conformidad. Un millar de asuntos que está pendiente en la Audiencia.
