La decana de los jueces de la Ciudad de la Justicia de Elche, Maria José Boix, trasladó ayer a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la necesidad de crear un nuevo juzgado de lo Penal y desdoblar la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, para acabar con los problemas de saturación de los juzgados ilicitanos. Estos dos nuevos tribunales complementarían los dos organismos que entrarán en funcionamiento, tal y como confirmó ayer Gabriela Bravo, el 31 de marzo, destinados a desatascar los juzgados de Primera Instancia. Por último, también sería necesario un nuevo Juzgado de lo Social, aunque este sería a más largo plazo. En cuanto a jurisdicción penal, los juzgados acumulan 5.065 asuntos pendientes, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, la Audiencia Provincial arrastra casos desde hace más de cinco años, pendientes de resolver.
Boix señaló que, tal y como se les ha trasladado desde el Consejo General del Poder Judicial, ese nuevo tribunal penal entrará en funcionamiento a lo largo de 2019, «y no nos cabe duda de que cuando sea así desde la Conselleria se pondrán los medios necesarios» para su funcionamiento. En cuanto a medios se refiere, Bravo explicó que «desde la Conselleria hemos hecho los deberes para que el Juzgado de Primera Instancia 7 y 8 entre en funcionamiento el 31 de marzo. Como saben, no solo depende de Justicia, sino que también intervienen el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio. Así que esperamos que las demás administraciones hagan su parte y no pase como en los cuatro juzgados que debían entrar en funcionamiento» a finales del pasado año, y donde no se dispusieron los jueces y letrados a tiempo para formar el organismo competente.
Con la puesta en marcha de los dos nuevos juzgados de Primera Instancia se eleva a ocho el número de tribunales de este tipo en Elche. Partidos judiciales con población similar al ilicitano cuentan hasta con doce juzgados civiles, por lo que Bravo señaló que seguirán reivindicando ante el Ministerio la creación de nuevos tribunales. «No olvidemos que los dos que se van a crear son los que deberían haberse puesto en marcha en 2010, y el Gobierno de entonces renunció a ellos», apuntó la consellera de Justicia. Además, y a la vista de que el refuerzo de personal del Registro Civil, con cuatro funcionarios, ha contribuido a reducir notablemente el volumen de trabajo, se mantendrá el personal, al menos hasta que los dos nuevos de Primera Instancia desatasquen las causas civiles.
La visita, cuyo motivo original era conocer la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, que incorpora desde principio de mes a una trabajadora social y a una psicóloga para ofrecer una atención integral, también sirvió para poner sobre la mesa el problema en el Juzgado de lo Contencioso de Elche. Desde el pasado 16 de febrero carece de un auxiliar de Justicia, lo que obligó el lunes a recurrir a una funcionaria del Juzgado de lo Mercantil para poder celebrar los juicios señalados para este día. El puesto sigue vacante, por lo que el lunes no podrán celebrarse las sesiones señaladas, a no ser que, como el lunes, otro funcionario o funcionaria supla el puesto. La consellera dijo que se trata de un proceso habitual cuando cesa algún funcionario, y matizó que estaría resulto en unos días. De hecho, otras fuentes judiciales apuntaron ayer que está previsto que el puesto se supla durante la próxima semana, por lo que antes del viernes quedará resulta la situación.
Mediación
La decana, María José Boix, recordó que otro de los objetivos de la Ciudad de la Justicia es implantar la mediación en procesos penales. Un sistema en el que se le da protagonismo a la víctima y por el que denunciante y denunciado pueden alcanzar un acuerdo antes de llegar a juicio que ponga fin al conflicto, con la misma validez que tendría una sentencia judicial dictada por el tribunal. En este sentido, la consellera Bravo aseguró que ya se está trabajando para aprobar el marco legislativo que facilite este proceso en la Comunidad, y que se destinarán 200.000 euros este año para pagar a los mediadores, ya que se trata de un servicio gratuito para la Ciudadanía. Una cifra que se elevará a los 800.000 en 2019.
