Los funcionarios de la Administración de Justicia de Elche todavía recuerdan cuando, hace algunos años, cualquier mañana, en los juicios de faltas, hasta cinco o seis gorrillas se sentaban a lo largo de la jornada en el banquillo de los acusados y no por dedicarse a una actividad de difícil encaje como era la suya, sino por la desobediencia a aquellos agentes de la Policía Local que los habían identificado cuando estaban inmersos en ella en mitad de la calle, exponiéndose a ser atropellados a cambio de unas monedas que el «cliente» entregaba más que nada por precaución, por desear encontrarse al regreso su vehículo tal cual lo había dejado más que por pensar que le habían prestado un servicio fundamental: encontrarle un estacionamiento próximo y ayudarlo a aparcar, que era lo que justificaba la mal llamada propina. Y esa desobediencia era seguir haciéndolo después de haber sido informado por el agente.
Aquella herramienta legal de poder llevar al juzgado al gorrilla, de «marearlo pero también de poder ponernos serios», como algún policía definía, consiguió reducir de forma muy significativa el número de los que se dedicaban a ello, pero desapareció en 2015 tras una reforma legal. Aunque desde mucho antes, y nadie ha sabido explicar los motivos, la Jefatura Local había dejado de denunciar.
En cualquier caso, lo cierto es que la desaparición de estos juicios supuso un alivio a la Administración de Justicia y para sus funcionarios porque le quitaron una pesada carga de trabajo por la tramitación de un procedimiento en el que se dilucidaba una multa de 2 a 6 euros diarios, por un periodo de diez días a seis meses. Para hacer Justicia tenían que realizar la notificación al interesado, la celebración de la vista oral (si es que aparecía a la primera), la entrega de la sentencia... y, después, intentar cobrar, algo que era prácticamente imposible porque todos carecían de bienes y se declaraban en la indigencia. Para todos esos casos se tenía que ejecutar una pena alternativa que conllevaba un ingreso en prisión por unos días, la mitad de los que se habían fijado de multa en la condena. «Dos semanas era lo normal», recuerda el funcionario. Y, como la inmensa mayoría eran reincidentes esto pasaba muchas, pero que muchas veces, pero con aquello aprendieron los gorrillas una lección: no podían dedicarse a esta actividad. Y el número de denuncias bajó de forma significativa... y se podía aparcar sin dar propina.
El juicio no solo suponía un esfuerzo para la maquinaria judicial, sino económico al propio Ayuntamiento que tenía que enviar a los agentes a declarar, quitándoles de su trabajo diario o pagando horas cuando estaban rebajados del turno. Todo por acabar con un problema en una ciudad que quiere tener una imagen turística y agradable, pero se consiguió.
Aquella campaña se puso en marcha tras un acuerdo entre la Policía Local y la Fiscalía que entendió que había un problema y que a través de una vía legal, el artículo 634 del Código Penal, se podía resolver porque el mismo castigaba a «los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días». Pero, sustituido dicho artículo hace cuatro años por el 556.2, la cosa ha cambiado y mucho porque ahora se pena a «los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses». Y la desaparición de ese «levemente» ha sido crucial porque con ello se ha despenalizado esa pequeña desobediencia a la que se refería la norma, con lo se acabó con esta fórmula que, durante los años que funcionó, dio sus frutos contra los gorrillas.
Directrices
En estos últimos años, sin directrices o mecanismos legales para luchar contra esta práctica, el problema ha ido creciendo al punto de dar la sensación que en determinados lugares y a determinadas horas los gorrillas funcionan con demasiada impunidad.
Un policía explicó que ahora se trabaja prácticamente bajo el mandato de las agendas electrónicas y los agentes deben seguir a rajatabla los servicios que en ellas aparecen y si no hay nada relativo a esta actividad... contra la cual tampoco se puede hacer gran cosa... pues lo mejor es mirar para otro sitio.
