19 de febrero de 2019
19.02.2019
Tribunal

El juicio del caso Brugal comienza el 5 de marzo y tras resolverse las cuestiones previas se retomará el 7 de mayo

Acusación y defensa dirimirán del 5 al 21 de marzo las cuestiones previas y las declaraciones no comenzarán hasta 40 días más tarde

19.02.2019 | 13:08
Ángel Fenoll, llegando esta mañana a los juzgados de Elche

El juicio del Brugal no ha comenzado hoy ni lo hará mañana, sino que se aplaza un par de semanas, hasta el 5 de marzo, después de que los letrados hayan renunciado a la lectura de los escritos de las dos acusaciones y de las defensas, lo que consideraban un trámite farragoso e innecesario, según ha explicado el abogado Antonio Martínez Camacho a los periodistas. El mes de marzo se ha dejado, según el acuerdo adoptado en la sección VII de la Audiencia durante la constitución del tribunal, para abordar las cuestiones previas. En este acto se ha incorporado el nuevo abogado de Ángel Fenoll, Mariano Bo, después de que la Audiencia decidiera aceptar la renuncia del anterior letrado por enfermedad grave. Las cuestiones previas se plantearán por las defensas hasta el 7 de marzo (tres días). Los días 13 y 14 de marzo se han dejado para la contestación del fiscal y el 20 y el 21 de ese mismo mes para la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Orihuela.






Esta mañana había mucha expectación porque los 34 acusados han tenido que acudir al juzgado para recoger las citaciones y lo han hecho sin querer hacer declaraciones. Entre ellos se encontraban los exalcaldes de Orihuela, Mónica Lorente y José Manuel Medina, o el empresario Ángel Fenoll, quien se benefició de la adjudicación de la contrata de la basuras meses después de airear unas grabaciones en la que destapaba una supuesto amaño del contrato entre políticos y empresarios. Dicha adjudicación se dio a una empresa "rival", lo que provocó, tras conocerse las grabaciones, que Medina suspendiera el punto del pleno municipal en el que se iba a aprobar la misma y que ésta, posteriormente, se anulara. El nuevo contrato se adjudicó en el siguiente mandato, con Lorente ya como regidora, y el vencedor fue Fenoll. Aquellas grabaciones que Fenoll aireó, entregándolas a los periodistas, son las que dieron origen al caso Brugal después de que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, citara al empresario, le pidiera una copia y solicitara en el juzgado 3 de Orihuela la apertura de una causa. Durante cuatro años fueron prorrogándose las solicitudes de escucha y el secreto de sumario, algo insólito en la justicia española, según fuentes de la defensa, que consideran que se ha producido una indefensión de sus clientes y que nadie puede estar durante tanto tiempo con un derecho constitucional vulnerado sin tener conocimiento de ello. De hecho, esta es una de las cuestiones primordiales que se tiene que abordar por las defensas del 5 al 7 de marzo, a la que le tiene que dar respuesta la Fiscalìa -hoy han estado en juzgados de la Ciudad de la Justicia de Elche tanto Felipe Briones como Pablo Romero- y, en menor medida, el Ayuntamiento de Orihuela.

Durante el mes de abril no se han convocado sesiones y es de suponer que los magistrados decidan en ese periodo entre resolver las cuestiones previas antes del inicio de las declaraciones, que será el 7 de mayo, o bien lo dejen para aclarar en sentencia. Esta es una de las cuestiones capitales del inicio del proceso (que tenía previsto 94 sesiones, algunas menos después de acordarse hoy renunciar a las lecturas de las conclusiones) porque si el tribunal acepta la tesis de las defensas, podría anular el proceso y echar a la papelera los 14 años de investigaciones e instrucción de la macrocausa, con 80 tomos y que se desgajó en otras 16, ya que las grabaciones comenzaron en 2005 y se prolongaron hasta 2009. Lo más lógico es que, aunque los magistrados observen que las defensas tienen razón, celebren toda la vista y en su sentencia resuelvan la nulidad, aunque ésta es solo una posibilidad. La otra sea que se admitan como prueba y por su volumen e importancia serán capitales para intentar establecer una condena.

A los acusados se les imputan, según su grado de implicación en los hechos, delitos de defraudación, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y de secretos, delito electoral, asociación ilícita, extorsión y coacciones en grado de tentativa. Algunos es posible que hayan prescrito al cabo de trece años. El juzgado de Orihuela fijó una fianza de 6 millones de euros para los acusados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles en el caso de que fueran condenados. 

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