Los presuntos amaños en la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela en 2008 que iniciaron el caso de trama de corrupción Brugal Brugalse juzgarán el febrero de 2019, según ha confirmado INFORMACIÓN.es. El señalamiento se ha fijado tras una reunión convocada por la Audiencia Provincial con los abogados de todas las partes personadas y acusados

Los 81 tomos que componen el sumario,llegaron a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche a finales de noviembre pasado, como avanzó este diario. Fue una vez concluida una investigación y la instrucción que se inició con pinchazos telefónicos autorizados por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2007 después de que el empresario Ángel Fenoll llevara ante el propìo fiscal Anticorrupción meses antes material audiovisual sobre grabaciones que había realizado a cargos públicos de Orihuela. Una comparecencia que realizó para salpicar a esos cargos públicos pero que lo convirtió en el principal encausado del caso.

Un total de 34 acusados se sentarán en el banquillo,entre los que se encuentran los exalcaldes populares de Orihuela, José Manuel Medina y Mónica Lorente, así como el empresario Ángel Fenoll. Quince de los acusados ostentaban cargos públicos en el momento en que se investigaban los hechos, entre los que se encuentran tanto ediles como técnicos de la corporación oriolana. También se llevan al banquillo a cinco mercantiles como responsables civiles subsidiarias.

La Audiencia ha designado al tribunal que se encargará de enjuiciar los hechos y que tendrá como ponente al magistrado Manuel Martínez Aroca, mientras que completarán el tribunal Gracia Serrano y José Teófilo Giménez.

A los acusados se les imputan delitos de defraudaciones, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, relevación de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, revela- ción de secretos, extorsión y coacciones en grado de tentativa. El juzgado de Orihuela fijó una fianza de seis millones de euros para los acusados para hacer frente a los posibles responsabilidades civiles en el caso de que fueran condenados.

La macrocausa de corrupción comenzó a investigarse en el año 2006, aunque utiliza como base grabaciones intervenidas al empresario Fenoll y su familia desde 2005, y se dividió en 17 piezas separadas. El secreto sobre las actuaciones se prolongó durante casi cuatro años. Se realizaron dos operaciones policiales con registros en mayo de 2007 y mediados de 2010.

Los principales asuntos de la investigación son la trama de supuesto amaño de la basura en favor del empresario Fenoll, y las irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos, que sigue instruyéndose, en beneficio de Cespa-Ortiz y con Fenoll como supuesto intermediario.

Ambos contratos multimillonarios, que llegaron a adjudicarse, ya no están vigentes, aunque no se anularon directamente por motivo de la causa judicial. La complejidad del juicio hace previsible que se prolongue durante meses, aunque incialmente se estimó que el señalamiento se retrasaría, como mínimo, a 2020, el refuerzo de magistrados ha permitido que adelante.

Los hechos comenzaron a investigarse en el año 2006 a raíz de que Ángel Fenoll denunciara la existencia de supuestos sobornos en el concurso público para adjudicar el contrato de la basura en Orihuela. Algo que hizo desvelando las conversaciones grabadas en 2005 a un concejal justo en el momento que se iba a adjudicar la contrata. En ese momento logró paralizar el trámite.

En las pesquisas abiertas, Fenoll, que quiso declarar ante la Fiscalía Anticorrupción como denunciante, pero terminó siendo llamado como denunciado en junio de 2006 al constatarse que el empresario utilizaba grabaciones para extorsionar a políticos a fin de mantener la contrata. En la investigación posterior se constató que Fenoll trabajó, incluso después de haber sido denunciado por la Fiscalía y durante años, para hacerse definitivamente con el servicio, o al menor seguir realizándolo sin contrato en la zona costera, sin conocer que tenía los sus teléfonos intervenidos.Entre otras muchas grabaciones halladas en los registros aparecía

una en la que un concejal recogía fajos de billetes en el despacho del empresario, y otra de audio, por una causa que finalmente se archivó, en el que el empresario y su hijo distribuían el reparto de sobres con dinero para financiar la campaña electoral de cargos públicos en varios municipios.