No hay sala lo suficientemente grande en la Ciudad de la Justicia de Elche para dar cabida a la gran cantidad de acusados que se sentarán en el banquillo a partir de febrero de 2019 en el juicio por el presunto amaño de la contrata de basuras de Orihuela, que juzgará la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. Por eso, la Conselleria de Justicia, tendrá que invertir más de 26.000 euros en crear una nueva sala de vistas con espacio suficiente para los 34 acusados, sus respectivos letrados, y las acusaciones y testigos que se darán cita en un proceso judicial que arranca el 19 de febrero pero que se demorará durante varias semanas. En ese tiempo repondrán ante el juez, entre otros, los exalcaldes populares José Manuel Medina y Mónica Lorente, así como el empresario Ángel Fenoll.
Las obras comenzaron hace unos días, y está previsto que finalizan a finales de enero o principios de febrero, justo para juzgar el Brugal. Para ganar espacio, la Conselleria de Justicia ha optado por unir, en la primera planta del edificio, la sala de vistas número 10, utilizada habitualmente por la segunda sección de la Audiencia Provincial, entre otros tribunales, con la biblioteca, que ha sido trasladada, al menos por el momento, a un aula de formación en la segunda planta, junto a la Fiscalía.
Lo cierto es que, aunque el hecho de tener que juzgar en febrero el caso Brugal ha acelerado los trámites para crear esta macrosala, lo cierto es que los problemas de espacio se habían producido ya en algunos procedimientos, como señalaron a este diario fuentes judiciales. Sin ir más lejos, la Audiencia Provincial tuvo que ceder su sala habitual al juzgado de lo Mercantil hace algunos meses para poder acoger al gran volumen de acusados y letrados en el juicio para la calificación del concurso de acreedores del Elche CF. Por tanto, una vez creada la sala y pasado el Brugal, el objetivo es que se mantenga y se reserve a causas más complejas.
El coste de la sala superará los 26.000 euros, pues según confirmaron desde la Conselleria de Justicia, este es el coste únicamente de las obras y el mobiliario, a lo que habrá que sumar el del los equipos informáticos y de sonido para grabar y escuchar las sesiones desde toda la sala.
Cargos públicos
El caso Brugal juzga los presuntos amaños en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela en 2008. Quince de los acusados ostentaban cargos públicos en el momento en el que se produjeron los hechos, entre los que se encuentran tanto ediles como técnicos de la corporación oriolana. También se sentarán en el banquillo cinco mercantiles como responsables civiles subsidiarias. A las acusados se les imputan delitos de defraudaciones, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, revelación de secretos, extorsión y coacciones en grado de tentativa.
Los hechos comenzaron a investigarse en 2006 a raíz de que el empresario Ángel Fenoll denunciara la existencia de supuestos sobornos en el concurso público del contrato de la basura en Orihuela. Pronto pasó de denunciante a investigado, al descubrirse que, presuntamente, usaba grabaciones para extorsionar a políticos y mantener la contrata. En uno de los vídeos se ve cómo un edil recoge fajos de billetes.
