Los presuntos amaños en la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela en 2008 que iniciaron el caso de trama de corrupción Brugal se juzgarán el febrero de 2019, según ha confirmado INFORMACIÓN. El señalamiento se ha fijado por la Audiencia Provincial tras una reunión ayer con los abogados de todas las partes personadas y acusados. Los 81 tomos que componen el sumario llegaron a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, a finales de noviembre pasado. Fue una vez concluida una investigación que se inició con pinchazos telefónicos autorizados por la Fiscalía Anticorrupción a mediados de 2006 y que se desglosó en 17 piezas distintas.

Un total de 34 acusados se sentarán en el banquillo, entre los que se encuentran los exalcaldes populares de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, así como el empresario Ángel Fenoll. Quince de los acusados ostentaban cargos públicos en el momento en que se investigaban los hechos, entre los que se encuentran tanto ediles como técnicos de la corporación oriolana. También se llevan al banquillo a cinco mercantiles como responsables civiles subsidiarias.

En concreto, el juicio comenzará con la lectura de los escritos de acusación y comenzará el 19 de febrero, pero ya se han señalado otras vistas para ese mismo mes y para el de marzo, y es muy probable que continúen durante varias semanas, que coincidirán con la precampaña y campaña electoral a las municipales, previstas para el 9 de junio. La Audiencia ha designado al tribunal que se encargará de enjuiciar los hechos y que tendrá como ponente al magistrado Manuel Martínez Aroca, mientras que completarán el tribunal Gracia Serrano y José Teófilo Giménez.

A los acusados se les imputan delitos de defraudaciones, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, relevación de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, revelación de secretos, extorsión y coacciones en grado de tentativa. El juzgado de Orihuela fijó una fianza de 6 millones de euros para los acusados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles en el caso de que fueran condenados. La macrocausa de corrupción comenzó a investigarse en el año 2006, aunque utiliza como base grabaciones intervenidas al empresario Fenoll y su familia desde 2005, y se dividió en 17 piezas separadas. El secreto sobre las actuaciones, que se centra sobre todo en las intervenciones de los teléfonos de Fenoll, su hijo, y varios cargos públicos, se prolongó durante casi cuatro años. La Policía Nacional realizó durante ese periodo dos operaciones policiales con registros que incluyeron los domicilios de los empresarios, en mayo de 2007, un día después de las elecciones municipales, y mediados de 2010 -incluido el registro del Ayuntamiento y la detención de ediles-. En el caso de las basuras se documenta cómo Fenoll creo un entramado de empresas interpuestas y testaferros para concurrir al concurso, que ganó, y varios cargos del PP le anticipaban supuestamente información sobre pliegos. También cómo ayudó al PP en la campaña electoral.