Cinco de las ocho comunidades de Riegos de Levante Margen Izquierda solicitaron ayer por escrito al presidente, Javier Berenguer, retirar de la asamblea general extraordinaria de mañana (17.30 horas) los dos puntos relativos a la aprobación de la adjudicación de la obra de la desalinizadora al considerarla «una temeridad» pues el proyecto, entienden, está «incompleto y suponemos que es inviable técnica y económicamente (salvo que se nos está ocultando información)». Berenguer no se ha querido pronunciar sobre este asunto.
Las dudas surgen a raíz del escrito que hizo llegar hace algunos días un comunero, Manuel Navarro, publicado por INFORMACIÓN, quien a la sazón es ingeniero y especialista en desalación, a los miembros de la junta de gobierno exponiéndole su preocupación por la falta de documentos que según su parecer avalarían este proyecto, que se llevará 9,9 millones de euros de los once que se recibirán de la Generalitat por el pago de la sentencia sobre la prohibición de la caza. De hecho, el primer punto de la convocatoria aborda la aprobación del convenio para dicho abono, que se haría de forma fraccionada. Las comunidades que han solicitado que quede sobre la mesa son mayoría, pero no son las más importantes por lo que al tratarse de un voto ponderado son conocedoras que perderán la votación, de ahí que previamente hayan solicitado al presidente que reconsidere una aprobación que no tendrá marcha atrás y supondría un endeudamiento y un perjuicio insalvable para las arcas de la comunidad.
Entre los documentos que faltan para que el proyecto sea viable, siempre según estos, está «la concesión administrativa de agua para desalar, incluyendo el punto de toma o extracción y el volumen a desalar», lo que incluye el proyecto eléctrico o mecánico de bombeo, los permisos de paso o expropiaciones, la concesión administrativa de vertido de salmuera y el punto en el que se realizaría el proyecto de bombeo de la misma hasta su destino, el permiso de paso o las expropiaciones y el proyecto de enganche eléctrico a la desalinizada. Todo ello, aseguran, no aparece en la documentación facilitada por Riegos de Levante a los comuneros que deben aprobarlo. También dicen que faltan documentos relativos al presupuesto de construcción de la desaladora, como son las expropiaciones para el transporte de agua salobre hasta la planta, el presupuesto de la instalación eléctrica y de las acometidas.
Las dudas también surgen sobre el presupuesto de inversión porque «no se incluye la infraestructura necesaria de aducción de agua salobre, el vertido de la salmuera o las acometidas eléctricas, que pueden suponer una cantidad muy importante o, incluso, superior al presupuesto de la misma planta, por lo que se desconoce el presupuesto de inversión total del proyecto. Tampoco, afirma, no se aporta el presupuesto anual de gastos de la operación de la planta, como amortización y costes fijos y variables (energía, mantenimiento, reactivos...).
Autorizaciones
El comunero que inició esta cruzada contra la aprobación de la desalinizadora solicitaba al presidente retirarlo -como ahora hacen los presidentes de comunidades- y a «solicitar las autorizaciones administrativas pertinentes, posteriormente a redactar el proyecto técnico completo e integral, preparar el presupuesto financiero de la inversión y de la operación y, por último, proceda a la adjudicación del proyecto de conformidad con la legislación vigente».
