Riegos de Levante celebra el próximo jueves 22 de noviembre una asamblea en la que, entre otras cuestiones, se abordará la adjudicación de la planta desalinizadora de agua salobre que se quiere financiar con los fondos que el Consell va a entregar a los regantes, unos once millones de euros, como compensación por prohibir la caza en el parque natural de El Hondo. La comunidad general sacó a concurso público la adjudicación de la obra, a la que presentaron oferta dos empresas, y es la asamblea general la que tiene que resolver el concurso.
No obstante, el ingeniero industrial y comunero Manuel Navarro Agulló ha hecho llegar a Riegos de Levante un escrito en el que refleja deficiencias en los documentos relativos a este proyecto que se han puesto a disposición de los compromisarios a través de la página web de la comunidad general. A día de hoy no ha recibido respuesta alguna.
Concretamente, el ingeniero considera que faltan documentos que hagan referencia a la concesión administrativa de aguas para desalar, el proyecto eléctrico y mecánico de bombeo y conducción hasta la desalinizadora, y los permisos de paso o expropiaciones, en su caso. El comunero también apunta que no ha podido obtener información sobre la concesión administrativa de vertido de salmuera, incluyendo el punto de vertido, y del proyecto eléctrico y mecánico de bombeo y conducción de la salmuera hasta éste.
Dudas
Entre los documentos que este experto echa en falta también está, según indica en el escrito, el proyecto de impacto medioambiental de la planta desalinizadora, que, apunta, «lleva mucho tiempo conseguir». La carta dirigida al presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, también dice que falta el presupuesto de las instalaciones eléctricas, mecánicas, conducciones y expropiaciones, en su caso, para el transporte del agua salobre hasta la planta desalinizadora, así como el presupuesto de las instalaciones eléctricas, mecánicas, conducciones y expropiaciones, en su caso, para el transporte de la salmuera hasta el punto de vertido que se autorice.
En el escrito se indica que el presupuesto de inversión previsto, que es de 9,6 millones de euros más IVA, es relativo a la planta desalinizadora y que no incluye las infraestructuras necesarias de aducción de agua salobre, vertido de la salmuera y acometidas eléctricas, que pueden suponer una cantidad importante o, incluso, superior al presupuesto de la misma planta, por lo que, a su entender, se desconoce el presupuesto de inversión total del proyecto.
En este sentido, especifica el escrito que no se aporta el presupuesto anual de gastos de la operación de la planta desalinizadora, en el que según sostiene, debe estar la amortización de la inversión total de proyecto, los costes fijos de la operación de la planta (energía eléctrica, personal, renovación de membranas, etc), y los costes variables de la operación de la planta. Además, dice que «tampoco se indica cuál será la nueva fuente de ingresos anuales necesaria para la financiación de los gastos anuales de operación». Por estos motivos, el ingeniero industrial solicita a la dirección de Riegos de Levante que retire el proyecto de la planta desaladora del orden del día de la próxima asamblea, y proceda a solicitar las autorizaciones administrativas pertinentes y a preparar la documentación que se echa en falta.
