La Generalitat Valenciana ha emitido una nueva resolución para el edificio de El Progreso, apuntalado desde enero, tras detener el derribo del inmueble centenario de la plaza de la Constitución. Siete meses después de paralizar la demolición, ha levantado la suspensión de los trabajos para tirar abajo el bloque, pero bajo dos condiciones: hacer catas previas y también proteger de forma parcial la fachada. Algo que ha vuelto a generar desconcierto en la ciudad.
La dirección general de Cultura y Patrimonio no solo le pide a los propietarios del edificio realizar excavaciones en la parcela donde se encuentra la antigua sala de venta de agua para determinar si es posible continuar con la demolición. También le manda un recado al Ayuntamiento.
En la nueva resolución, emitida el 12 de julio, el Consell dice textualmente que el Consistorio debe contemplar otras soluciones alternativas de protección parcial de la fachada, que se justificarán mediante informe técnico. Y se basa en el «interés arquitectónico y de relevancia en la memoria histórica». De nuevo, deja en el tejado del Ayuntamiento la opción de conservar la fachada del inmueble, que los propietarios buscan derribar para construir un nuevo bloque, después de haber obtenido las licencias municipales. Sin embargo, esa resolución de la Administración autonómica no se queda ahí, de nuevo, la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, carga contra el Ayuntamiento, tal y como ha venido sucediendo en estos últimos meses.
Y es que, aunque deja claro que el coste de las excavaciones arqueológicas deberán correr a cargo del promotor, también apunta a que, estas actuaciones deberán acometerse «sin perjuicio» de que pueda responder por estos conceptos el Ayuntamiento de Elche «habida cuenta la negligencia manifiesta en que se pudiera haber incidido o la confianza que pudiera haber suscitado en el particular propietario». Acto seguido, la resolución apunta a que se ha apercibido «expresamente al Ayuntamiento de la ilegalidad en la que se ha incidido y de la procedencia de la ejecución subsidiaria para la restitución de los valores afectados». Algo, que según el Consell, debe promover e impulsar el propio Consistorio ilicitano.
No es el único tirón de orejas que vuelve a dar València al equipo de gobierno. También le reprocha que no haya realizado alegaciones, de igual manera que lo hiciera la propiedad.
Mientras tanto, el equipo de gobierno continuará con sus planes de llevar al gobierno valenciano a los tribunales. Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez. El Ayuntamiento ya ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Administración autonómica para que deje sin efecto la determinación de conservar la fachada del inmueble centenario situado en la plaza de la Constitución.
En esta línea, el responsable de Urbanismo, que en todo este pr conflicto no ha escondido en reproches al Consell, se aferró a que «cuando concedimos la licencia de derribo a los dueños, entendíamos que no eran necesarias unas catas arqueológicas previas, porque el edificio no tiene la consideración de Bien de Relevancia Local (BRL)».
De cualquier manera, desde el equipo de gobierno tan solo pusieron el foco ayer en ver ahora qué ocurrirá con las catas arqueológicas para averiguar si bajo el subsuelo de la plaza de la Constitución también salen restos de relevancia, lo que podría también paralizar el derribo.
