La propiedad de El Progreso pondrá derribar el edificio de la plaza de la Constitución, pero antes deberá hacer catas arqueológicas. Así lo ha comunicado la Generalitat Valenciana a los dueños del inmueble centenario y al Ayuntamiento. Se trata de una contestación del Gobierno valenciano al recurso de alzada interpuesto por parte de los propietarios contra el Consell.

En concreto, el Consell ha acordado suspender la paralización cautelar de la demolición. Si bien, con carácter previo a tirar abajo el edificio, los dueños deberán hacer trabajos de excavaciones para determinar si es posible construir un nuevo inmueble en esa parcela del centro, donde se encontraba la antigua sala de venta de agua.

"A partir de ahora habrá que ver qué ocurre con las excavaciones que la propiedad tiene que realizar y si aparecen restos se tiene que poner en conocimiento de de la Dirección Territorial de Patrimonio y si los restos son relevantes se tendrá que ver qué ocurre", ha asegurado el edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, quien también ha puntualizado que "por parte del Ayuntamiento, cuando concedimos la licencia de derribo a los dueños, entendíamos que no eran necesarias unas catas arqueológicas previas, porque el edificio no tiene la consideración de Bien de Relevancia Local", señaló Sánchez.

Por ello, el equipo de gobierno sigue con sus planes de interponer un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Administración autonómica para que deje sin efecto la determinación de conservar la fachada del inmueble centenario situado en la plaza de la Constitución.

El Ejecutivo local realizó un requerimiento previo que, por vía administrativa, al Consell, pero la asesoría jurídica del Ayuntamiento ha entendido que tras un mes sin recibir contestación alguna ha llegado el momento de llevar el asunto a los juzgados. Una decisión que llega después de que los propietarios obtuvieran la licencia de demolición para tirar abajo la antigua sala de venta de agua y a mitad del derribo (comenzado en enero de este año) el Consell dictara paralizar los trabajos y apuntalar de urgencia la fachada, ante el riesgo de caída por el avanzado estado de la demolición. Después, ya en marzo, la Generalitat exigió al Ayuntamiento proteger la fachada y mantuvo sine die la suspensión cautelar del derribo de la sala de venta de agua.

Lo que ahora reclama el Ayuntamiento al Consell es que retrotraiga la orden de mantener la suspensión cautelar de las licencias concedidas a los propietarios, la petición de medidas para proteger y conservar la fachada del edificio, la modificación de los permisos concedidos por el Consistorio, así como el requerimiento al promotor de la actuación para que realice excavaciones arqueológicas para determinar la viabilidad patrimonial del derribo del inmueble y de la construcción de uno nuevo.

No obstante, también es cierto que el Ayuntamiento deja en el tejado del Consell la realización de catas arqueológicas, en virtud de sus competencias, si considera que puede haber restos bajo el inmueble. Algo que el Consistorio descartó en su día para conceder las licencias.

Entre toda esa lista de razonamientos, el tripartito también alega que València se basó en una normativa posterior a la concesión de licencias de edificación por parte del Ayuntamiento a los propietarios. En concreto, atendió una disposición para considerar el núcleo histórico tradicional como Bien de Relevancia Local, con lo que, por tanto, la protección del edificio sería obligatoria. Ese cambio en la norma entró en vigor en abril de 2017, cuando la licencia se concedió en febrero del año pasado, tal y como ya señaló el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez.