La Universidad Miguel Hernández de Elche debe mejorar su transparencia, según se desprende del informe anual que realiza la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, en el que se pone en evidencia que la Universidad envía sus cuentas a la conselleria competente fuera de los plazos que prevé la legislación.
Concretamente, la sindicatura recomienda a la UMH remitir sus presupuestos, y los de sus entidades dependientes, la Fundación Quórum, a la conselleria con competencias en materia de universidades en el plazo de un mes desde su aprobación en cumplimiento de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014.
Asimismo, el organismo fiscalizador, recomienda que la Universidad y sus entidades dependientes deben remitir la liquidación de sus presupuestos debidamente aprobados por los órganos de la Universidad a los que estatutariamente corresponda, a la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de universidades, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente.
Estas recomendaciones llegan después de detectar incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la formalización y presentación de la información económico-financiera de la Universidad. En este sentido, la Sindicatura de Cuentas refleja en su informe del ejercicio 2014 que la UMH no remitió su presupuesto ni el de la Fundación Quórum. Concretamente, el informe dice que «no han remitido a la conselleria competente en materia de universidades la liquidación de los presupuestos incumpliendo el artículo 15.1 de la Ley 6/2013, de presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2014».
Así y todo, la Sindicatura de Cuentas asegura que «las cuentas se ajustan, en términos generales, a las prescripciones del Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, en la memoria no se recoge toda la información exigida por el PGCP como las retribuciones del personal por categorías y la aplicación del remanente de tesorería».
Deuda histórica
El informe de la sindicatura también recoge la modificación del convenio modificado entre las universidades públicas y la administración autonómica, para regular la financiación de gastos corrientes y de inversión. La modificación realizada en diciembre de 2014 del citado convenio supone la reprogramación de los pagos pendientes para gasto corriente, por importe de 79.700.597 euros, en anualidades desde 2015 a 2022 y la reprogramación de pagos para la financiación de infraestructuras, por importe de 8,5 millones de euros, en anualidades desde el 2015 a 2017.
